Si se derrota a la constituyente, ¿por qué no se hace una reforma laboral?

Luego del referendo de Martín Vizcarra que destruyó el sistema político, después del golpe de Estado que se expresó en el cierre inconstitucional del Congreso –con el argumento de “la denegación fáctica de confianza”– y el golpe de masas contra Manuel Merino, que encumbró a minorías en la conducción del Estado, la elección de Pedro Castillo fue un resultado natural y lógico. Y el proceso de destrucción económica que padece el país, igualmente. El Perú, pues, necesita superar esa guerra política tan autodestructiva y enfocarse en la gobernabilidad. Luego de varios años, el Ejecutivo y el Congreso parecen encaminarse en esa ruta. No hay guerra. Hay más entendimientos.

Sin embargo, el Perú no alcanzará estabilidad si no se retoma la senda del crecimiento y de la reducción de la pobreza. El Banco Central de Reserva acaba de revisar a la baja la proyección de crecimiento de este año: de 2.9% a 2.6%. Con semejantes tasas de crecimiento el país está volviendo a aumentar la pobreza. Se pronostica que este flagelo se afectará a más del 27% de la población. 

Si las cosas se presentan de esa manera, de nada habrá servido detener el intento de golpe de Estado de Castillo, de nada servirá detener la violencia insurreccional y el proyecto de la constituyente. Los sectores antisistema argumentarán que el aumento de pobreza es consecuencia directa del modelo económico de la Constitución y no de la tragedia Castillo.

¿Qué hacer entonces para relanzar el crecimiento? Reformas y más reformas. Desde el relanzamiento de la inversión en infraestructuras hasta la profundización de la reforma meritocrática en la educación. Sin embargo, una reforma laboral tendría un enorme impacto en la sociedad y la economía, y notificaría al mundo que el Perú vuelve por la senda de la estabilidad y la inversión privada. Y en muy poco tiempo se volvería una medida muy popular.

El Perú es uno de los países con más informalidad en la región. El informe Panorama Laboral de la OIT acaba de señalar que el 75% de los empleos en el país es informal. Tres de cada cuatro relaciones laborales, entonces, carecen de seguro social y sistema previsional. Al respecto, todos los rankings mundiales señalan que el sistema laboral peruano es uno de los diez más sobrerregulados del planeta, con costos altísimos que recuerdan los regímenes soviéticos, que declaraban todos los derechos sociales pero solo creaban pobreza y más pobreza.

Una de las claves de la tragedia laboral peruana es la falta de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo. Un fallo del Tribunal Constitucional del 2001 estableció que el trabajador podría preferir la reposición en el puesto antes que la indemnización. Se consagró una forma de estabilidad laboral. La misma estabilidad laboral que empobreció a las sociedades estatistas, entonces, es parte de nuestro ordenamiento laboral. 

Al respecto, una reforma laboral que establezca la flexibilidad laboral –tal como sucede en Honk Kong, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y en otros países– no solo no spondría en un camino irreversible hacia la formalización laboral, sino que relanzaría el flujo de inversión privada y, por ende, del crecimiento y el proceso de reducción de pobreza. 

¿Cómo avanzar en la reforma laboral? En primer lugar, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) debe descartar públicamente la llamada “Agenda 19”, que plantea una legislación laboral en base a sindicatos y derechos de huelga para promover la guerra de clases. En ese sentido, el MTPE debe derogar los decretos laborales del Gobierno de Castillo, que prohíben la tercerización laboral, fomentan la sindicalización artificial y el derecho a la huelga. En segundo lugar, el Congreso debe restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) que consagra la flexibilidad laboral en los contratos. No hay argumentos para oponerse a ese camino.

Sobre esta base, el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad deberían iniciar un gran debate nacional sobre cuál es la legislación laboral que crea riqueza y prosperidad para los trabajadores y cuál organiza fábricas de pobreza, desempleo e informalidad. La respuesta está en la realidad.