¡El Perú con la gran minería y también con la pequeña, pero formal!

A pesar de las tomas de carreteras en la Panamericana Sur y la Panamericana norte y las concentraciones de protestas frente al Legislativo, en una histórica decisión el Congreso de la República se negó a aprobar una iniciativa de ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (Ley MAPE) que hubiese significado la relativización del sistema de propiedad minera. Es decir, la relativización de una de las columnas centrales del modelo económico peruano que multiplicó el PBI y redujo la pobreza del 60% de la población a 20%, antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo. 

El mencionado proyecto hubiese significado aprobar el concepto de “las llamadas concesiones ociosas” (concesiones no aprovechables), creando una servidumbre en este tipo de concesiones a favor de quienes se decidieran a explotar el mineral. ¿Qué significaba semejante cambio? Que cualquiera podía decirse a invadir y asaltar una concesión formal argumentando que no se trabajaba y solo servía para la especulación. Sin embargo, el argumento representaba una barbaridad que solo hubiese alentado la toma de minas y la quiebra del sistema de propiedad minera en el país.

¿Por qué? Las concesiones formales en promedio en el Perú tienen más de 10,000 hectáreas con el objeto de convocar grandes emprendimientos con alta intensidad de capital y de tecnologías. Es la única manera de garantizar alta productividad en la explotación del mineral y desarrollar tecnologías de punta que no destruyan el medio ambiente. Luego la empresa concesionaria tituliza la concesión –la propiedad– con el objeto de conseguir financiamiento en el sistema financiero internacional. Las grandes corporaciones no tienen entre US$ 1,200 millones y US$ 5,000 millones en caja. Es imposible y sería una locura financiera. Con el dinero obtenido la empresa explota el mineral en las zonas con reservas probadas y luego empieza una incansable labor de exploración para aumentar las reservas probadas del mineral, alargar la vida y la rentabilidad del proyecto, luego de pagar las deudas contraídas. Bajo este sistema se han desarrollado las mayores potencias mineras del planeta, tales como Canadá, Australia, Chile y el propio Perú.

El argumento de las concesiones ociosas hubiese fomentado el asalto e invasiones de las zonas exploradas de las concesiones formales, liquidando el sistema de propiedad minera y la posibilidad de nuevas inversiones. Igualmente, el concepto de concesiones ociosas habría fomentado una lucha de clases sin cuartel –tal como sucedió con la toma de tierras antes de las expropiaciones velasquista– entre pequeños, medianos y grandes mineros.

La minería ilegal, la violencia y los conflictos se presentan en alrededor del 10% de las reservas probadas de las concesiones formales, reservas que existen luego de años de trabajo de exploración. El argumento de la concesión ociosa, como todo argumento colectivista y comunista, solo pretendía legalizar el robo y el asalto de la propiedad y el trabajo de otros.

Una decisión adecuada entonces de la mayoría legislativa ha sido evitar aprobar una ley MAPE que contenía estas barbaridades. Sin embargo, estas consideraciones de ninguna manera significan desconocer la urgente necesidad de que el Ejecutivo, el Congreso y el Estado lideren un nuevo proceso de formalización que supere el fracaso general del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del sector Energía y Minas, que solo ha servido para difuminar las responsabilidades penales de quienes asaltan e invaden concesiones formales de la minería moderna. Y fomentar el terrible avance de la minería ilegal en el Perú.

La minería moderna, en cualquier sociedad desarrollada, se basa en la gran minería por la necesidad de convocar alta intensidad de capital y tecnologías para garantizar alta productividad, los ingresos fiscales del Estado y, sobre todo, el cuidado del medio ambiente para las siguientes generaciones. Sin embargo, la minería moderna también necesita de una pequeña minería formal, moderna y con enorme compromiso con el medio ambiente en el país. ¡Lideremos un nuevo proceso de formalización minera!