La Ley General de Minería y la formalización minera

En el mundo, cualquiera sea el sistema de propiedad de los recursos naturales, la relación con la inversión minera siempre prioriza las inversiones con alta intensidad de capital y tecnología. Es decir, prioriza la inversión a través de grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque es la única manera de garantizar una alta productividad para la sociedad y el Estado –a través de los recursos fiscales– y es el único camino para preservar el medio ambiente para las generaciones futuras. De lo contrario, se desarrollaría una minería de los siglos pasados, cuando los pioneros del Viejo Oeste descubrían tecnologías, acumulaban capital, pero destruían el medio ambiente del mañana.

En algunos estados de los Estados Unidos, por ejemplo, las comunidades nativas son propietarias de la superficie y de los recursos del subsuelo, sin embargo, siempre contratan con grandes corporaciones con alta intensidad de capital. Con esta lógica, Canadá, Australia, Chile, y también Perú han llegado a ser potenciales mundiales en minería. Una de las condiciones de este modelo de desarrollo es el respeto irrestricto al sistema de propiedad minera. De lo contrario no hay gran inversión posible.

En el Perú las concesiones mineras formales abarcan aproximadamente el 14% del territorio nacional. No más. Hay entonces un mundo ancho y ajeno para desarrollar todo tipo de minería. No hay espacio para el argumento de “las concesiones mineras ociosas”. Una concesión formal en promedio tiene más de 10,000 hectáreas. ¿Por qué? La empresa concesionaria tituliza la concesión para conseguir capital del sistema financiero internacional, porque es impensable que una corporación tenga entre US$ 1,200 millones o más de US$ 5,000 millones en caja para la inversión. Así no funciona el mundo corporativo. Con el dinero obtenido se empieza la explotación del mineral, pero la empresa desarrolla una incesante exploración en el resto de la concesión con el objeto de ampliar las reservas probadas y la vida útil de la mina. No hay otra manera de rentabilizar la inversión y pagar las obligaciones. Ganan las comunidades, poblaciones y los países con esta lógica.

En el Perú, el conflicto con la minería ilegal –que asalta e invade concesiones formales– se desarrolla en un área que corresponde al 10% de las reservas probadas que han encontrado las empresas formales luego de una incesante exploración. El argumento acerca de que existen concesiones ociosas, especulativas, pues, solo es un razonamiento para justificar el asalto de la propiedad y del trabajo ajeno.

En el país el fracaso de la formalización minera en los últimos años se ha convertido en la coartada perfecta para que empresarios pequeños y medianos se camuflen a través de inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con el objeto de obtener protección legal para desarrollar invasiones y asaltos de concesiones formales. Es lo que estamos viendo en la actualidad. Con la decisión del Ejecutivo de excluir del Reinfo a 50,000 registrados que tenían sus licencias suspendidas ha movido el avispero de una situación de ilegalidad que destruye el sistema de propiedad minera y amenaza el Estado de derecho.

El Perú necesita una salida a esta situación y debe buscar todos los caminos posibles e inmediatos de solución para crear un camino de formalización de las pequeñas unidades de minería. Sin embargo, lo que sería impensable es que el Ejecutivo y el Legislativo se atrevan a modificar la Ley General de Minería y el sistema de concesiones en el país. Si se avanza en ese camino se estaría quebrando uno de los pilares del modelo económico del país y, de una u otra manera, el antisistema ganaría, a pesar del fracaso estrepitoso del golpe fallido de Pedro Castillo y el eje bolivariano unos años atrás.