Lula, China y el tren que avanza sin frenos

La presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, en su tercer mandato –tras purgar 580 días de cárcel–, condensa el drama brasileño: un antiguo ícono de la justicia social, hoy incapaz de condenar a las dictaduras. Mientras Brasil se desploma en los índices de democracia, abrazado a China, este viraje reconfigura la política regional y altera el equilibrio de poder en Sudamérica.

Desde 2023, Lula practica una diplomacia cautelosa y complaciente con regímenes como los de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Rusia y la propia China. Su negativa sistemática a calificarlos como dictaduras lo vuelve un defensor tibio de los valores democráticos. Aspira a ser portavoz del Sur global y mediador multipolar, pero su ambigüedad corroe esa credibilidad dentro y fuera del país.

El costo de la neutralidad selectiva es palpable. Brasil cayó seis puestos en el Índice de Democracia 2024 de The Economist Intelligence Unit, situándose en el puesto 57. El informe retrata una sociedad polarizada, unas instituciones politizadas y el creciente recelo hacia la libertad de expresión. La suspensión temporal de la red social X, el cierre de cuentas críticas y una serie de multas ilustran esa deriva anti liberal. Según Latinobarómetro, el 64% de los brasileños considera que la libertad de expresión no está garantizada y 60% evita opinar sobre asuntos nacionales, alarmantes indicadores para cualquier democracia.

Mientras tanto, la relación con China se consolida como eje de la diplomacia de Lula, reforzada por el foro BRICS y megaproyectos de infraestructura de alcance continental. El caso reciente es el acuerdo para la viabilidad de un tren bioceánico que enlazaría Ilhéus, en Bahía, con el megapuerto de Chancay, en Perú. Pese a carecer de un trazado técnico definitivo, el pacto fue firmado por Brasil y Pekín sin involucrar a Lima. El canciller peruano, Elmer Schialer, admitió no disponer de detalles técnicos, aunque reconoce la relevancia estratégica.

Chancay, desarrollado con capitales mayoritarios chinos, es un nodo clave de la Nueva Ruta de la Seda en el Pacífico sur. Aunque se presenta como un logro bilateral, la terminal refuerza la presencia marítima china sin contraprestaciones claras para el Perú por el uso del mar territorial. La opacidad contractual e insuficiente fiscalización deja vacíos en la protección de ecosistemas costeros y marinos, sumado a una percepción de influencia desmedida. Es la misma fórmula de “inversión sin soberanía” ensayada por China en África, replicada hoy en Sudamérica.

El tren bioceánico podría fomentar la integración productiva; pero más que la idea, el problema es el procedimiento. Esa propuesta sin consentimiento informado del Perú ni salvaguardas para ecosistemas frágiles, como Madre de Dios, convierte la integración en colonización logística: China asegura materias primas y corredores estratégicos, con beneficios inciertos para los anfitriones.

Al abrazar tan estrechamente a Pekín, Lula pierde autoridad moral para exigir respeto democrático a terceros. Lejos de construir una soberanía sudamericana cooperativa, subordina intereses regionales a una alianza vertical que pretende que China y Brasil decidan y que Perú acate. No podemos olvidar que el deterioro democrático brasileño y su ambivalencia ante el autoritarismo proyectan un retroceso que contagia al vecindario.

Las autoridades peruanas deben entender que ni Brasil ni China pueden concretar la conexión Atlántico-Pacífico sin el territorio y la aprobación del Perú. Esa dependencia otorga a Lima una posición de ventaja y un poder de negociación que debe ejercer con firmeza para asegurar transparencia, salvaguardar la soberanía y maximizar los beneficios estratégicos y económicos para el país. De lo contrario, el tren seguirá avanzando sin frenos.