El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ha planteado un...
Hay regiones cuya pobreza resulta difícil de explicar por la ausencia de recursos, y Cajamarca es probablemente el ejemplo más evidente. Mientras una parte importante de su población continúa enfrentando bajos ingresos y limitaciones en servicios básicos, el subsuelo regional alberga algunos de los yacimientos de cobre más importantes del país. La paradoja no es geológica: es política, institucional y económica. Cajamarca posee riqueza, pero todavía no ha encontrado la manera de convertirla en desarrollo.
La oportunidad adquiere una dimensión excepcional en el actual escenario internacional. La electrificación del transporte, las energías renovables, las redes eléctricas, los centros de datos y la expansión de la inteligencia artificial están multiplicando la demanda de cobre. Con el precio del metal por encima de los US$ 6.33 por libra, los países que poseen grandes reservas tienen una oportunidad que no debería desperdiciarse. Y el Perú, que se encuentra entre los principales productores mundiales, tiene en Cajamarca uno de sus mayores activos todavía sin desarrollar.
La región concentra proyectos como Conga, Galeno, La Granja, Cañariaco Norte y Michiquillay, cuya cartera supera los US$ 16,000 millones. Su desarrollo permitiría incrementar sustancialmente la producción nacional, atraer capital, generar empleo formal y aumentar los ingresos fiscales. Pero el verdadero desafío consiste en evitar que la discusión vuelva a reducirse a una oposición entre minería y otras actividades económicas. La cuestión debería ser cómo utilizar la minería para construir las condiciones que permitan desarrollar también la agricultura, los servicios y las economías locales.
El agua ofrece un ejemplo particularmente claro. Cajamarca posee importantes recursos hídricos, pero eso no significa que disponga de infraestructura suficiente para aprovecharlos. La población de la ciudad recibe agua potable durante algunas horas del día y existe una demanda de 638 litros por segundo, frente a una atención de poco más de 380 litros. En el campo, numerosos agricultores apenas consiguen una cosecha anual.
El problema, entonces, no es únicamente la disponibilidad del recurso, sino la capacidad para almacenarlo, regularlo y distribuirlo. Represas, reservorios, plantas de tratamiento y sistemas de irrigación podrían modificar radicalmente esta situación. Y allí aparece una posibilidad estratégica: que las grandes inversiones mineras contribuyan a financiar y construir infraestructura hídrica que beneficie tanto a las ciudades como a la agricultura.
En este escenario, Michiquillay ocupa un lugar central. El proyecto, adjudicado a Southern Perú, contempla una inversión cercana a US$ 2,000 millones y una producción estimada de 225,000 toneladas métricas de cobre por año. Su puesta en marcha permitiría elevar en casi 10% la producción nacional del metal y generaría importantes ingresos fiscales, además de miles de empleos directos e indirectos.
Pero su importancia va mucho más allá de esas cifras. Michiquillay podría convertirse en el punto de partida para recuperar la confianza en Cajamarca y destrabar otros proyectos del corredor cuprífero. Una inversión de esa magnitud permitiría desarrollar proveedores locales, servicios especializados y capital humano, pero también podría impulsar la infraestructura necesaria para que la riqueza minera se traduzca en mejores condiciones para la agricultura y las ciudades.
La paralización de Conga en 2011 marcó un punto de quiebre. Desde entonces, Cajamarca ha visto cómo una cartera de inversiones de enorme potencial permanecía inmovilizada mientras la pobreza continuaba siendo uno de sus principales problemas. El país no puede repetir indefinidamente ese ciclo, menos aún cuando el mundo se encuentra en una carrera por asegurar el suministro de cobre.
Por eso resulta pertinente pensar en un verdadero Corredor Territorial del Norte, donde la minería funcione como actividad articuladora de infraestructura hídrica, agricultura, ganadería, transporte, digitalización y servicios. El propósito debe ser construir un ecosistema económico capaz de sobrevivir incluso más allá de la vida útil de las operaciones mineras.
Cajamarca tiene, finalmente, una oportunidad que combina dos de sus mayores necesidades: aprovechar su riqueza mineral y resolver sus históricas brechas de infraestructura. El cobre puede aportar los recursos para financiar ese salto, pero hará falta un Estado capaz de garantizar seguridad jurídica, acelerar inversiones y administrar con eficiencia los ingresos generados. Michiquillay puede ser el primer paso. La verdadera meta no es producir más cobre, sino convertirlo en agua, empleo, agricultura, infraestructura y bienestar para una región que lleva demasiado tiempo esperando su oportunidad.
















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