¡El Perú necesita una política de Estado contra la minería ilegal!

Contener el avance de la minería ilegal en el Perú, inevitablemente, demanda una política de Estado. Es absolutamente imposible detener esta economía ilegal –con enormes consecuencias económicas, sociales e institucionales– únicamente con el esfuerzo de algunas instituciones comprometidas en el combate a esta actividad ilegal, sin la movilización del Estado en su conjunto.

En ese sentido la nueva administración debe definir una política clara de Estado al respecto, de lo contrario el Estado de derecho será devorado esta actividad ilegal. ¿A qué nos referimos? Hoy se acepta que la minería ilegal moviliza más de US$ 12,000 millones anuales, una suma que representa dos tercios de todo el dinero que mueven las economías ilegales. Considerando el superciclo de precios de los minerales –la onza de oro cerca de US$ 5,000 y la libra de cobre sobre los US$ 6– si el Estado constitucional no se dispone a combatir este flagelo el problema puede convertirse en uno incontrolable.

¿Qué puede significar una política de Estado en contra de la minería ilegal? En pocas palabras significa que el Estado, a través de sus ministerios, instituciones y oficinas, se dispone a controlar a la minería ilegal. Por ejemplo, el Legislativo debe evitar una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo, del sector Energía y Minas) que se ha convertido en un sistema permanente, no obstante su carácter transitorio y temporal. En la medida que este registro exonera a los registrados de las responsabilidades penales por minería ilegal, se utiliza el Reinfo para eludir la acción de la justicia con respecto a las invasiones y asaltos de las concesiones formales. He allí la razón de que en el corredor minero del sur se movilicen más de 300 volquetes diarios con mineral ilegal y en Pataz más de 12,000 camiones anuales con el producto ilegal.

Sin embargo, existe otra clave de una política de Estado. Diversas instituciones proyectan que en el Perú existen 357 plantas de beneficio de minerales, de las cuales cerca de 300 procesan minerales metálicos y el resto trabaja con materiales no metálicos. En otras palabras, tres centenares de unidades que procesan mineral sin tener minas en explotación. Es evidente que en un sector de estas unidades se está procesando el mineral que se extrae de las concesiones formales, que se roba de las empresas que invierten en décadas, generan empleo formal y preservan el medio ambiente.

¿Cómo enfrentar el problema y no afectar a las plantas que trabajan y crean riqueza dentro de la ley? Una manera es sacar a estas plantas de la competencia de los gobiernos regionales –que se encargan de la pequeña minería– y extender la presencia de todas las instituciones del Estado sobre estas unidades económicas, tal como sucede con la minería moderna y formal.

Una empresa formal de minería no solo debe declarar ante la Sunat, sino que está bajo la vigilancia de la OEFA del Ministerio de Ambiente, de Sunafil del sector Trabajo, de la Dirección General de Minería del Sector Energía y Minas, de Sucamec del Ministerio del Interior, del Senace e, incluso, del Senamhi. Igualmente, la minería formal está bajo vigilancia del Ministerio de Agricultura, de la Autoridad Nacional del Agua, de Serfor y otras entidades.

Sobre una voluntad del Estado de vigilar y controlar todas las actividades vinculadas a la industria minera en todas las unidades económicas se puede empezar a solucionar un problema que no solo afecta la economía, que no solo afecta la recaudación fiscal, sino que violenta el sistema de propiedad. Es decir, violenta la Constitución y las leyes nacionales y erosiona a las instituciones del Estado de derecho (gobierno central, Ministerio Público, Poder Judicial, policía nacional del Perú).

Hoy la minería ilegal parece tener respaldo en algunos sectores políticos y parece haber avanzado sobre el Estado de manera alarmante. Si no se enfrenta esa tendencia la minería ilegal seguirá alimentando a las demás economías ilegales y el desborde criminal no se detendrá en el país.

¡Evitemos ese terrible escenario!