Apuntes sobre las infraestructuras en el Perú

En el Perú se gasta varias veces la cantidad necesaria para solucionar problemas de servicios públicos, pero millones de peruanos carecen de agua potable. Las cifras son brutales. Entre 2019 y 2025 se transfirieron al Estado –sobre todo a gobiernos locales, regionales y nacionales– S/ 312,000 millones para obras, el 85% de los S/ 363,000 millones que se necesitaban para cerrar la brecha de infraestructura proyectada a 20 años. Con ese dinero, ningún peruano debería carecer de agua. Y sin embargo, 3.5 millones todavía carecen de ese servicio. El gasto fue inmenso; el resultado fue devastador.

¿Por qué se esfuma la plata sin dejar obra? En diciembre pasado, en el Banco Mundial se informó: de 132,000 proyectos iniciados entre 2012 y 2023, 62,000 quedaron abandonados. Es decir, el 46% del total, un valor equivalente al 17% del PBI, unos US $60,000 millones que se perdieron por ineficiencias, irregularidades y corrupción. Únicamente el 13% de los proyectos avanza con normalidad. A esto se suman los reportes de Contraloría: 2,416 obras paralizadas al cierre de 2025 por S/ 67,139 millones, dos tercios de ellas bajo responsabilidad de municipalidades.

El diagnóstico es simple: el Estado reporta cuánto dinero entrega, no cuánta obra realmente se construye. Se confunde "se gastó el presupuesto" con "se terminó la escuela". Mientras eso siga así, cada sol transferido a un municipio sin capacidad técnica es un sol con altas probabilidades de perderse en un expediente mal hecho, un contratista improvisado o un alcalde que no sabe, o no quiere, ejecutar. O simplemente, en la corrupción.

Lo bueno de los anuncios de la nueva administración es su ambición territorial: agua, desagüe, electricidad, internet, escuelas, postas, riego, defensas ribereñas y una cartera vial que va desde la nueva Carretera Central hasta la Autopista del Sol, sin olvidar el Metro de Lima con sus líneas 3, 4, 5 y 6, además de proyectos en Arequipa, Piura y Trujillo. Es la visión que el país necesitaba escuchar. 

Sin embargo, el Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas debe anunciar que el sistema para desarrollar estos proyectos es el modelo de Asociaciones Público Privadas que posibilita que el privado asuma el riesgo mayor de la inversión en la infraestructura e, igualmente, la gestión y el mantenimiento de la obra. Como todos sabemos cualquier infraestructura no solo se construye, sino que también se gestiona y mantiene. He allí la clave del modelo de APP. 

De la misma manera, la nueva administración necesita anunciar el camino de relanzamiento total del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para concretar la mayoría de las obras de infraestructura básica en las regiones. Es un modelo mediante el que el sector privado en vez de pagar el impuesto a la renta invierte en una obra autorizada por el Estado, el gobierno central y la región y se evita que el dinero se traslade a la burocracia estatal y la obra llegue directamente a la población. He allí otra de las claves para avanzar en la solución de los servicios públicos en el país y empujar las reformas de la descentralización. 

En ese contexto, Gonzalo Prialé, ex presidente de AFIN, ha planteado las siguientes recomendaciones: primero, prohibir que las unidades ejecutoras que abandonaron obras reciban nuevos fondos sin antes rendir cuentas; segundo, estandarizar los modelos de escuelas, postas y sistemas de agua con diseños modulares replicables, contratados por paquetes regionales y bajo esquema llave en mano, con plazo, precio y penalidades fijos; tercero, en los megaproyectos como el Metro, exigir estudios con mayor profundidad técnica, liberar predios antes de licitar y certificar la madurez de cada proyecto con una consultora independiente antes de sacarlo a concurso; cuarto, ejecutar las líneas del Metro por tramos simultáneos, como hace Corea del Sur, para acortar plazos de años a la mitad.

El Perú no tiene un problema de recursos económicos, por la riqueza que crea el sector privado y paga a través de impuestos. Tiene un problema de gestión, de control y de voluntad política para romper el círculo del saqueo presupuestal.