Barbadillo Country Club

Nicolás Maduro está detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, Nueva York, bajo custodia federal de Estados Unidos, a la espera de su proceso judicial por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo. Se le aplica un régimen de seguridad excepcionalmente estricto, conocido como Special Administrative Measures (SAM). Permanece en una unidad especial dentro del MDC, descrita como una especie de “cárcel dentro de la cárcel”, destinada a internos considerados de muy alto riesgo. Su celda mide aproximadamente 2 × 3 metros, con cama, colchón delgado, inodoro y lavabo. Durante los primeros meses tuvo alrededor de una hora diaria de acceso al exterior y podía ducharse unas tres veces por semana. Las comunicaciones y visitas están severamente restringidas, lo que limita con quién puede comunicarse, qué puede recibir y qué información puede transmitir al exterior.

En el Perú, Pedro Castillo —cuestionado por su intento de golpe de Estado, sus presuntos vínculos con posiciones pro senderistas y las denuncias de corrupción en su contra— despacha desde la comodidad de Barbadillo, sin mayores restricciones. A su “cuartel general” (Sarratea 2) acude, prácticamente sin control, quien lo desee. Se le atribuye como principal objetivo atacar el sistema democrático, coordinar con el Movadef su liberación y su eventual retorno al poder. Sin mayor restricción puede dar entrevistas, publicar comunicados, cuestionar a las instituciones y mantener una militancia política activa, sin mostrar arrepentimiento ni propósito de enmienda respecto de su conducta antidemocrática.

Actualmente, su principal operador político es el senador Iver Maraví, quien exhibe su credencial de autoridad y, según sus críticos, la utiliza para presionar a otras autoridades: una posición de impunidad de la que no gozaba en la década de 1980, cuando, de acuerdo con testimonios de Juan Alarcón Gutiérrez y de Víctor Reyes Cconislla —este último identificado como integrante de Sendero Luminoso—, habría participado junto con Edith Lagos en el abastecimiento de bombas molotov utilizadas por senderistas en ataques e incendios contra las oficinas de agua potable y de Electro Perú en Ayacucho.

En sus desafiantes declaraciones a la prensa, que cuestiona sus innumerables visitas a Pedro Castillo, el senador afirma que las realiza en ejercicio de su facultad fiscalizadora y que puede hacerlas a diario, sin respetar horario alguno. Cabe preguntarse si un senador que gana S/. 32,000 mensuales necesita dedicar tantas horas a fiscalizar diariamente el mismo lugar. ¿Qué fiscaliza que justifique un sueldo tan alto por un trabajo que, en apariencia, no demanda ni tiempo ni esfuerzo? ¿Acaso fiscaliza su desayuno, almuerzo y comida? Podría ser más productivo si se involucrara en las enormes demandas que requiere el país. En lugar de ello, optó por abandonar su lugar de trabajo y no opinar, criticar ni evaluar el mensaje presidencial que trazaba los derroteros del gobierno para los próximos cinco años; abandonó el Congreso y se dirigió a la Plaza San Martín, donde tuvo un altercado con los policías que mantenían el orden. ¿Para eso le pagamos un sueldo tan alto?

Durante ese periodo, la izquierda gobernó con un estilo marcadamente autoritario: el Estado fue copado por personas sin mérito ni experiencia, y se sucedieron ministros y autoridades cuyo verdadero objetivo, según numerosas denuncias, fue el saqueo del tesoro público. El grupo que llegó al poder habría infiltrado el sistema judicial para dar impunidad a algunos de sus miembros y perseguir a sus adversarios políticos. Una de sus principales herramientas habría sido el uso extensivo del delito de lavado de activos, interpretando que los aportes de campaña a los partidos políticos tenían origen ilícito. Lo que en muchos casos no constituía delito, sino a lo sumo una falta administrativa, sirvió como pretexto para encarcelar, de manera cuestionable, en tres oportunidades, a la principal opositora política, así como para perseguir y acusar a empresarios y militantes de oposición. Frente a este copamiento del poder, una prensa complaciente habría sido uno de sus principales aliados.

El tiempo y el Tribunal Constitucional han evidenciado este abuso de poder. El radicalismo ha sido derrotado y ha perdido buena parte de su capacidad de convocatoria. ¿No es acaso el momento de dejar de tenderles alfombra roja en Barbadillo a los enemigos de la democracia, de ejercer autoridad sobre quienes conspiran contra la libertad y de restringir los privilegios de quien lideró un intento de golpe de Estado? La democracia no puede darse el lujo de ser tan ingenua. El Ministro de Justicia debe tomar medidas que impidan que Barbadillo se convierta en el búnker de la confabulación. ¿Acaso Estados Unidos le daría a Maduro todas las facilidades para que organice o instigue planes contra la democracia? En el Perú, y bajo responsabilidad del INPE, Barbadillo parece más un hotel que una prisión. No debemos ser débiles a la hora de defender la libertad. En manos del Ministro de Justicia está devolver la autoridad a los penales.