Confirmando el camino agroexportador del Perú

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ha planteado una meta ambiciosa: que el Perú –en la segunda parte del nuevo gobierno– logre un crecimiento de 6% y reduzca la pobreza del 25.7% al 15% al finalizar el periodo. Y para alcanzar esa meta, incuestionablemente el gobierno de Keiko Fujimori tiene que apostar por la agroexportación, uno de los motores claves de desarrollo del país al lado del turismo y de la minería.

Las cifras de la agroexportación eliminan cualquier duda. En 2025 el sector agroexportador superó los US$15,000 millones en ventas al exterior, registró un crecimiento de 18.3% respecto al año anterior y acumuló trece años consecutivos de expansión. Es más, esta actividad concentró más de dos millones de puestos de trabajo, entre directos e indirectos. En otras palabras, el 55.1% de los empleos totales generados por las exportaciones.

Ahora bien, el rol de las agroexportaciones como motor de reducción de la pobreza es incuestionable: Ica registró en 2025 una pobreza de apenas 4.5% de la población, la tasa más baja del país; Lambayeque alcanzó 14.5%. La Libertad y Piura todavía presentan tasas mayores de 25.5% y 28.1%, respectivamente. En estas dos regiones las zonas costeras prosperan y generan empleo, mientras las áreas andinas desarrollan agricultura tradicional. El patrón es consistente: donde la agroexportación se asienta con fuerza, el empleo formal directo, los ingresos en el bolsillo del trabajador y una red de proveedores locales diversifican la base productiva y empujan la pobreza hacia abajo.

Sin embargo, el dato más relevante es que la agroexportación beneficia a pequeñas, medianas y grandes empresas. Gabriel Amaro, presidente de AGAP, ha sostenido que en los principales cultivos modernos de agroexportación, el 85% de las unidades económicas corresponden a predios menores a cinco hectáreas. Es decir, la agroexportación integra activamente al pequeño agricultor en la cadena de valor; no lo desplaza, lo incorpora como productor y proveedor, lo conecta con mercados internacionales y le posibilita pasar de una economía de subsistencia a una de ingresos altos y prosperidad. Este proceso de inclusión productiva es, en la práctica, la vía más rápida para que un pequeño agricultor transite de la pobreza hacia una clase media rural consolidada.

No obstante, el boom agroexportador se desarrolla apenas en 250,000 hectáreas. Es decir, alrededor del 5% de la superficie dedicada a la agricultura; sin embargo, la franja costera podría agregar más de un millón de hectáreas cultivables. La clave para expandir ese territorio está en el agua, a través de los proyectos de irrigación. Majes Siguas II habilitará 40,000 nuevas hectáreas en Arequipa, con ingresos anuales estimados en US$ 1,340 millones y más de 180,000 empleos entre directos e indirectos. Chavimochic III sumaría 63,000 hectáreas en La Libertad y cerca de 150,000 empleos entre directos e indirectos, con exportaciones proyectadas en US$1,200 millones anuales. Y, Chinecas, en Áncash, irrigara 121,000 hectáreas y produciría más de US$ 2,300 millones anuales con más de 160,000 empleos directos.

Además de los proyectos de irrigación, para que este sector crezca, Amaro plantea reformas puntuales: modernizar la Autoridad Nacional del Agua (ANA), dotar a Senasa de estabilidad institucional y presupuestal, invertir en puertos, ferrocarriles y transporte multimodal, y recuperar el esquema de asociaciones público-privadas.

Luego de esta mirada, si alguien duda de la urgencia de consolidar las políticas de Estado a favor de la agroexportación, entonces su compromiso con el Perú está en cuestión.