Carlos Adrianzén
¿Por qué?
El pesimismo de los peruanos ante las próximas elecciones presidenciales
Estas próximas elecciones generales no dan pie para mayores optimismos. Es cierto que hay de todo. Desde chavistas desubicados, camaleones de izquierda hasta candidatos sensatos. Pero la cosa se viene dando articuladamente turbia. ¿Por qué alguien –con razonables fundamentos– podría sostener esto? La explicación resulta meridiana. Los resultados son previsibles porque su desenvolvimiento ha sido arreglado o trabajado institucionalmente.
En ellos no importaría si, en las mesas de votación, los electores no eligen aventureros populares, sino a los candidatos menos malos (que son siempre los mejores). Es decir, si terminan votando por a personas con sensatez, educación, antecedentes y capacidades para ser buenos gobernantes o legisladores.
Y es que entre los votos y los resultados hay nubarrones. Nótese, en el institucionalmente alicaído Perú de estos tiempos, nada es casualidad. Todo estaría armado, o trabajado si usted prefiere.
Las razones
Los porqués aquí resultan clave. Pero se implican una fila de cabos que la izquierda local no ha dejado sueltos. Es útil enfocar cuales son. No es una buena idea esperar que pase lo que estaría arreglado...
- En primer lugar, no se sorprenda por encuestas pre electorales con resultados antagónicos, cambiantes o convergentes. Globalmente, hoy por hoy, el grueso de las encuestas se daría… a gusto del cliente.
- Respecto a las autoridades electorales, es importante no olvidar que estas reflejan las cifras de gobernanza estatal. Me refiero a los impecables estimados que nos refriega el Banco Mundial cada año. En este plano, dadas la cifras de Cumplimiento de la Ley, Corrupción y Efectividad Burocráticas, podríamos esperar que la burocracia electoral resulte un agente selector en el proceso. Sí, como en Venezuela o Cuba. No es prodigioso que en las últimas elecciones peruanas no se hagan públicas las revisiones íntegras de las actas de los centros de votación. Desde hace más de una década, a nadie le sorprende que en el Perú las discrepancias entre resultados electorales y encuestas en los departamentos mediterráneos resulten significativas. Notemos además que los medios locales no dicen una palabra sobre esta oscura e impúdica regularidad.
- Existen muchísimas agrupaciones y candidatos registrados. Esto no es casual. Los cubanos lo cantan: contra más bulto, menos claridad. Además de subsidiar a cualquier agrupación que llene satisfactoriamente los formularios, a nadie le debe sorprender que el número de partidos y alianzas electorales -léase: receptores de subsidios- resulte absurdamente inflado. Hasta con 25 agrupaciones y tres alianzas. Aquí el número final de candidatos -sesgos regulatorios fuera- es todavía indeterminado. Si a lo anterior le agregamos tanto la supervisión de papel de los fondos que puedan captar, cuanto la discriminación ideológica de eventuales fondeos corporativos y/o privados, quienes podrían competir al final resulta una interrogante.
- Considerando los márgenes de arbitrariedad de algunos reguladores; y la pasividad de la judicatura y de los entes encargados de monitorear el blanqueo de fondos, podemos decir que una burocracia caviarona es quien seleccionaría. Además de contar los votos, decidiría por sí y ante sí quién o qué partidos y alianzas podrán finalmente competir.
- Aquí también vale la pena recordar que, localmente, la expresión Small is Beautiful prevalece (léase, las coimas pequeñas son ignoradas y hasta percibidas como buenas).
- También importa ponderar que, a lo largo de la última década su burocracia hace gala de registrar estimados de Corrupción Burocrática deplorables. A pesar de ello, las autoridades electorales son consideradas como autónomas e intocables. Acusarlos por flagrantes indicios configuraría para muchos una suerte de golpe de estado. Para sus abundantes defensores asalariados a ellos no se les puede exigir celeridad o transparencia porque sufren de unas oportunas sobrecarga procesal y falta de recursos.
- Aquí, estimado lector, la ideología pesa. Si los partidos son de izquierda (i.e. con sus variantes caviar, filo senderista o bruta y achorada -nueva cepa-), son inocentes ex ante. Esto, hasta que no se pruebe lo contrario claro… mientras nunca se prueba lo contrario. También sucede que si -en cambio- son percibidos como de derecha (es decir, centro izquierda mal etiquetada): todos son instantánea e intrínsecamente culpables. Incluso desde antes de postular. Como en la colonia cubana en Venezuela, la sospecha ya sería delito serio.
- Pero, si todo esto le parece una componenda, aquí les llega la aceituna de este Martini. El financiamiento externo de izquierda a cualquier banda resulta –por definición y en todas sus formas– inimputable, benéfico e invisible. Si alguna oenegé foránea o una potencia extranjera progresista, por ejemplo, volviesen a repetir la intervención ejercida en las campañas del hermanísimo de Antauro, es probable que esto quede pendiente para una futura investigación. O sea, nunca.
- Finalmente, como corolario obligado. Nótese que está prohibidísimo cambiar o corregir estos cabos. Esto último, a riesgo de ser odiado, atacado, insultado y cancelado. Eso sí, como casi todo en la Lima-Caviar, con la mayor discreción.
Nada resultaría extraordinario hoy. La izquierda local no ha dejado cabos sueltos, como en la turbia selección de Pedro Castillo y el legislativo actual. Como se denuncia en cierto proceso de toda moda, es una interrogante si se han contado impecablemente los votos el 2021.
Aquí la salida técnica existe. Bastaría con: (1) reestructurar y recapitalizar las instituciones electorales con reputación cuestionada; (2) corregir sesgos y arbitrariedades regulatorias de corte ideológico; y (3) encargar al BCR y a la SBS la tarea de supervisar el fondeo foráneo o ilegal de cada agrupación política involucrada. Para ello es menester otorgarles urgentemente recursos ad hoc. Esperanzas fundadas podrían haber...
Y…
No se queje. Esto está pasando por su cómplice pasividad. Entérese y exija. Y por supuesto, para eventuales próximos comicios, resulta clave dejar de asignar recursos públicos a negocios electorales privados.
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