La ética presidencial bajo cuestionamientos

El despacho de la Presidencia de la República no es un espacio neutro ni privado. Es la sede simbólica del poder democrático y, por ello, cada acto que allí se realiza tiene una carga política, ética e institucional. En ese contexto, el ingreso reiterado de jóvenes profesionales en horarios nocturnos —con registros de entrada al anochecer y salida en la madrugada— no puede ser trivializado.

No estamos ante una sospecha vaga ni ante un rumor de redes sociales. Existen registros oficiales de ingresos y salidas, y también está probada la posterior obtención de contratos estatales para las jóvenes que figuran en esas listas. Es un problema grave de falta de ética y de mal uso del poder, independientemente de la investigación penal posterior.

La noche en el despacho presidencial no es un detalle menor. El horario importa porque el poder no se ejerce con nocturnidad ni en reuniones privadas, reiteradas, fuera de los horarios administrativos normales y sin justificación funcional clara. Cuando el poder convive con la noche, la asimetría se profundiza y la capacidad de consentimiento libre es una ficción. Aquí aparece el abuso de poder de quien ejerce la presidencia de la República.

Basta con la posición de supremacía para condicionar conductas, expectativas y decisiones que lesionan la reputación de Jóvenes profesionales que inician su vida laboral. Quien puede aprobar o banalizar esta censurable conducta  del presidente interino, dentro de Palacio, de noche, no están en una relación de igualdad. El solo escenario configura una situación abusiva.

Más grave aún es el daño posterior. Estas jóvenes hoy están estigmatizadas públicamente, señaladas, expuestas, convertidas en objeto de sospecha social. Ese daño no lo provocaron ellas solas. Es un daño generado por el poder ejercido sin límites morales, arrastrando consigo a jóvenes en situación de vulnerabilidad profesional y simbólica.

Particularmente indignante el uso del término “visitadoras” para referirse a ellas. Esa palabra es inaceptable, es violencia simbólica. Despoja a mujeres profesionales de su condición de tales y las reduce a una caricatura sexista. Esa estigmatización es consecuencia directa de la conducta irresponsable de quien ocupa malamente la cúspide del poder que tiene el deber de proteger, no de exponer.

El argumento de que “ellas aceptaron” no exime de responsabilidad política. En contextos de poder profundamente asimétricos, la aceptación no siempre es libre. No se trata de moral privada, sino de ética pública.

La obtención posterior de contratos estatales agrava el cuadro. Aquí ya no hablamos solo de horarios impropios o de imprudencia política, sino de quiebre de la meritocracia. El mensaje es devastador: que el acceso a oportunidades públicas puede depender de aceptar conductas antiéticas y de la cercanía personal al poder, y no de capacidades, concursos ni reglas claras.

La Presidencia debe tener una conducta intachable. El despacho presidencial no es una antesala de favores, ni un territorio sin reglas ni horarios, ni un lugar para relaciones ambiguas que luego deriven en beneficios concretos. Este caso revela una patología mayor, la del abuso desde el poder en un espacio que debería ser ejemplar y no lo es.

Si lo sucedido no es una “incapacidad moral” no sabemos qué puede serlo. El país no necesita escándalos ni linchamientos mediáticos. Necesita algo más elemental y más profundo: límites claros al poder, respeto a la dignidad humana y ética pública de rey a paje.

Hay conductas que, por sí mismas, deslegitiman. Y cuando quien las protagoniza es el presidente interino de la República, el daño no es privado, es institucional y colectivo.