Cómo la extorsión reinventó el poder en el Perú

Un extorsionador ya no necesita entrar en una casa ni encontrarse con su víctima. Puede dirigir un negocio criminal desde una prisión, escoger a un transportista en una base de datos, enviarle la fotografía de sus hijos por WhatsApp y exigirle dinero por transferencia. Si no paga, alguien dispara. Si cancela, comienza una relación que puede durar meses.

Cada época inventa sus delitos porque cada sociedad crea también las oportunidades para delinquir. Tres transformaciones recientes explican la inseguridad peruana mejor que cualquier teoría sobre una supuesta inclinación nacional hacia la violencia.

La primera fue la revolución urbana. Desde los años sesenta y setenta, Lima se expandió a una velocidad que el aparato estatal nunca acompañó. Millones de peruanos levantaron viviendas, talleres y mercados antes de que llegaran las comisarías, las escuelas o el transporte regulado. Ciertas élites atribuyeron la delincuencia a la migración, una explicación cómoda y equivocada: los migrantes no llevaron el crimen a Lima: construyeron buena parte de la Lima moderna. El Estado, mientras la ciudad avanzaba, llegaba tarde, y nació una ciudadanía incompleta, con vivienda sin título y comercio sin protección policial eficaz. Donde la autoridad era débil surgieron rejas, muros y seguridad privada: las clases altas compraron tranquilidad, las clases medias aprendieron a encerrarse, los pobres convivieron con el riesgo.

La segunda ruptura llegó en 1980. Sendero Luminoso transformó el significado de la violencia: ya no era delincuencia contra individuos, sino guerra contra el Estado y buena parte de la sociedad. Sus principales víctimas fueron campesinos quechua hablantes, mientras la capital observaba como si ocurriera en otro país, hasta que la guerra llegó a Miraflores. La noche del 16 de julio de 1992, un coche bomba estalló en la calle Tarata y mató a 25 personas, además de dejar más de un centenar de heridos. El Estado derrotó estratégicamente a Sendero, pero heredó instituciones acostumbradas a pensar la seguridad desde la lógica del enemigo: la Policía Nacional, creada en 1988 mediante la fusión de tres cuerpos distintos, combatió a la vez terrorismo, delincuencia común y crisis económica.

La tercera transformación ocurre ante nuestros ojos. El delincuente tradicional quería apoderarse de algo de su víctima; el extorsionador pretende gobernarla: decide cuánto y cuándo debe pagar, y qué ocurrirá si desobedece. En 2025 se denunciaron 26.748 extorsiones en el Perú, 11.248 en Lima Metropolitana, según reportes oficiales, cifras que solo muestran una parte del fenómeno, porque muchas víctimas no denuncian por desconfianza o miedo a represalias.

El transportista asesinado cumple así una doble función: es una víctima y también un mensaje dirigido a centenares de conductores. Aquí aparece una paradoja del capitalismo informal limeño: mercados, mototaxis y pequeños negocios mueven grandes cantidades de dinero y recursos con débiles mecanismos de protección. La informalidad vuelve al trabajador visible para el criminal e invisible para el Estado. El extorsionador conoce la ruta del autobús y el nombre de sus hijos, mientras la policía puede no saber cuántas empresas operan legalmente en la ciudad.

Frente a esto, la política recurre a una respuesta antigua: más policías, más soldados, más penas, más estados de emergencia. Algunas medidas pueden ser necesarias en situaciones extremas, pero presencia no equivale a capacidad. Un soldado no sustituye una unidad de inteligencia financiera; aumentar penas sirve de poco si la investigación no identifica responsables; y construir cárceles no resuelve nada si desde ellas siguen las llamadas de extorsión: lo absurdo de un lugar pensado para separar al delincuente de la sociedad convertido en la oficina desde donde la administra.

Existe otro peligro. Las sociedades asustadas necesitan rostros a quienes culpar: ayer el vago peligroso, el subversivo; hoy algunos discursos convierten al sicario extranjero en explicación total. Existen organizaciones transnacionales, negarlo sería absurdo, pero transformar una nacionalidad en sinónimo de delincuencia es intelectualmente pobre y permite ignorar a los cómplices peruanos, la corrupción de autoridades y el lavado de dinero local.

Entre julio y diciembre de 2025, el 25,7% de los limeños y chalacos de 15 años o más declaró haber sufrido algún delito, mientras cerca del 85% temía convertirse en víctima. Esa distancia entre la experiencia y el miedo se multiplica por la digitalización: un video de un asesinato circula en segundos por redes sociales, y lo que antes aterrorizaba a un barrio hoy aterroriza a una ciudad en minutos. Una sociedad permanentemente atemorizada acepta lo que en circunstancias normales rechazaría —abusos, recortes de derechos, militarizaciones prolongadas, caudillos que prometen orden a cualquier precio—, y por eso la batalla contra la inseguridad no es solo contra delincuentes: es también una batalla por la democracia.

El Perú ha tenido 18 ministros del Interior y 8 comandantes generales de la Policía Nacional en los últimos cinco años, una rotación que por sí sola explica buena parte del fracaso: ninguna estrategia contra el crimen organizado sobrevive a un cambio de mando cada pocos meses. El país necesita una Policía profesional ajena al botín político, fiscales especializados en patrimonio y lavado de activos, cárceles que incomuniquen de verdad al crimen organizado e inteligencia financiera capaz de anticipar el delito en vez de solo contar muertos. Nada de esto es tan fotogénico como un convoy militar o un rastrillaje policial, pero las sociedades seguras no se construyen con fotografías, sino con instituciones que permanecen.

El criminal se ha adaptado extraordinariamente bien a cada transformación histórica. El Estado mucho menos. Si continúa respondiendo a la velocidad de un expediente, la Policía seguirá perdiendo el control de las calles y ocurrirá algo todavía más grave: los ciudadanos terminarán convenciéndose de que obedecer la ley carece de sentido cuando la justicia y la autoridad son incapaces de protegerlos.