¿Transición o fachada?

La salida de Nicolás Maduro del poder no equivale al desmantelamiento del régimen que lo sostuvo durante años. Esta es la primera verdad que debe afrontar Venezuela. Cambiar al hombre que ocupa el centro del poder es sustancialmente distinto de desmontar la estructura que hizo posible su permanencia.

Hoy Delcy Rodríguez encabeza un Gobierno que conserva gran parte de los engranajes heredados del chavismo. Llegó al poder no desde una ruptura, sino desde la vicepresidencia de un régimen usurpador, acusado de prácticas dictatoriales y de mantener vínculos con el narcotráfico. Los cambios ministeriales tampoco parecen configurar, hasta ahora, una renovación profunda del Estado. El traslado a Defensa de quien estuvo al frente del aparato de inteligencia y persecución política, así como la permanencia de figuras esenciales del antiguo poder, como Diosdado Cabello, sugieren más un reacomodo que un desmontaje de sus estructuras.

Este proceso transcurre bajo la mirada de un Washington que tampoco parece hablar con una sola voz. Por un lado, un sector pragmático que prioriza la recuperación petrolera, la seguridad energética, los negocios y la estabilidad regional; debería tener presente que la propia Constitución venezolana establece: «Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos». En cambio, en otro sector persiste una visión que entiende que la crisis venezolana solo puede resolverse mediante la recuperación de la democracia. Ambas posiciones pueden coexistir temporalmente, pero persiguen objetivos distintos: para una, la estabilidad puede ser el destino; para la otra, apenas el camino hacia la libertad.

La reconstrucción de instituciones fundamentales, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, constituye un paso necesario, pero no suficiente. Una democracia no se reconstruye cambiando magistrados, rectores electorales o administradores de activos si las nuevas instituciones continúan subordinadas al mismo poder de casi tres décadas. Cambiar nombres no es lo mismo que cambiar las reglas.

La contradicción más urgente está en las cárceles. Cientos de venezolanos continúan privados de libertad por razones políticas, mientras unos once mil liberados, permanecen sometidos a restricciones que limitan su libertad de expresión y movimiento. No puede hablarse seriamente de una transición democrática mientras persistan presos políticos.

La misma contradicción se hace aún más evidente en el terreno político. Mientras se habla de apertura institucional y de futuras elecciones, se impide el regreso de María Corina Machado y, al mismo tiempo, el protectorado reconoce la legitimidad de Dinorah Figuera, última presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, y le encarga presidir la Comisión para la reconstrucción de instituciones esenciales y la recuperación de activos venezolanos en el extranjero. Pero los principales referentes de la oposición democrática, cuya legitimidad, a prueba de toda duda, no está representada en esa mesa. Ese liderazgo no puede separarse de la legitimidad que el resultado electoral le atribuye a Edmundo González Urrutia como Presidente de la República, tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Son expresiones distintas, pero complementarias de legitimidad que cualquier transición responsable y solvente tendrá que incorporar.

Por eso, el verdadero desafío venezolano no consiste en decidir quién ocupa temporalmente Miraflores, sino en determinar qué poder se está construyendo para después. La transición puede abrir el camino hacia la democracia o convertirse en una operación de supervivencia del antiguo régimen bajo nuevos rostros y nuevos acuerdos.

La diferencia no estará en los discursos, sino en los hechos: liberación plena de los presos políticos, regreso de los exiliados, restitución de los derechos ciudadanos, independencia efectiva de los poderes públicos y condiciones reales de competencia electoral.

Porque una transición democrática no termina cuando se convoca a elecciones. Termina cuando una elección puede cambiar al gobierno.

Ese será el examen definitivo para saber si Venezuela está dejando atrás al «Socialismo del siglo XXI» o, si simplemente, mientras cumple nuevas instrucciones, está cambiando la manera de administrarlo.