¡Urgente! ¡El Perú necesita una nueva ley de promoción agraria!

Nadie entiende por qué hasta hoy el Ejecutivo y el Congreso no se deciden a aprobar una nueva ley de promoción agraria que subsane el terrible daño causado por la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), durante el gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción también provisional del Congreso de Mirtha Vásquez. Desde la derogatoria de esa ley, que establecía un régimen tributario promocional y un sistema laboral en base a la flexibilidad de los contratos de trabajo, se han dejado de invertir en alrededor de 30,000 nuevas hectáreas y, desde octubre del año pasado, se pierden aproximadamente 100,000 empleos mensuales del más de un millón, entre directos e indirectos, que se crean en el sector.

Si el sector de las agroexportaciones sigue creciendo en el Perú se explica por la inercia de las inversiones previas a la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. Pero lo más grave de todo es que la falta de una nueva ley que promueva inversiones y fomente la masificación del empleo formal en el agro es que corta en seco todas las posibilidades de convertir al Perú en una potencia agroexportadora mundial.

No se trata de simples frases que se lanzan al viento. Hoy el milagro agroexportador peruano se desarrolla en alrededor de 250,000 hectáreas, la mayoría de ellas ganadas al desierto. Una cantidad de tierras que apenas representa el 5% de toda la superficie agrícola nacional. Según diversos estudios, sobre la base de siete proyectos hídricos, el Perú tiene la potencialidad de incorporar 500,000 nuevas hectáreas ganadas al desierto.

¿Qué significa toda esta potencialidad? Que el Perú sería uno de los pocos países del planeta en convertir desiertos en verdaderos oasis a través del represamiento de los ríos de la sierra, se crearía una agricultura moderna con tecnologías de punta y los más altos estándares del planeta y, sobre todo, surgiría una clase media agraria consolidada y universidades que expandirían sus facultades en agronomía, veterinaria y otras y diversas investigaciones vinculadas al sector.

En otras palabras, la posibilidad de desarrollar todas nuestras potencialidades agroexportadoras, de una u otra manera, abreviaría el camino del desarrollo del Perú, diversificando nuestra economía, generando una manufactura y una industria vinculada al sector y desatando la prosperidad en la mayoría de las ciudades de la costa.

No obstante, es imposible seguir imaginando un proyecto agroexportador si es que el Ejecutivo y el Congreso no se deciden a aprobar una nueva ley de promoción agraria que establezca un régimen tributario promocional y consagre un sistema de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo. Bajo la vigencia de la anterior Ley de Promoción Agraria se captaron alrededor de US$ 20,000 millones en inversiones y el empleo formal aumentó de 460,000 –entre directos e indirectos– en el 2004 a más de un millón de la actualidad.

No se puede entender cómo en el Congreso se avanzan en reformas constitucionales tan cruciales como la bicameralidad y otras normas de desarrollo constitucional y, sin embargo, no se puede aprobar una nueva ley de promoción agraria para convertir al Perú en una potencia agroexportadora mundial.