La aprobación de una nueva ley de promoción agra...
El Perú enfrenta una decisión estratégica de largo plazo: seguir dependiendo de servicios satelitales extranjeros, caros y fragmentados, o dar el salto hacia la soberanía digital con un satélite de telecomunicaciones propio. No se trata de un lujo tecnológico ni de un capricho futurista. Es una necesidad urgente en dos dimensiones clave: la defensa nacional y la integración territorial. En ambos casos, la ausencia de infraestructura satelital propia nos mantiene vulnerables y rezagados.
El país está expuesto a múltiples amenazas: terremotos, huaicos, inundaciones, incendios forestales y, más recientemente, ciberataques. En todos esos escenarios, la coordinación entre Fuerzas Armadas, policía, defensa civil y autoridades regionales depende de una red de comunicaciones estable. Hoy esa red se sostiene en servicios arrendados a empresas extranjeras o en infraestructuras terrestres frágiles, que colapsan fácilmente. Esta dependencia nos deja indefensos: en una crisis, las comunicaciones pueden fallar justo cuando más se necesitan.
Un satélite de telecomunicaciones propio eliminaría esa debilidad. Permitirá asegurar enlaces de comunicación autónomos, encriptados y disponibles incluso cuando las redes terrestres se vean interrumpidas. En términos de soberanía, esto significa tener el control de nuestras propias líneas de comunicación estratégica y no depender de la disponibilidad —o de las restricciones— de terceros.
El ejemplo reciente del diferendo por la isla Santa Rosa, territorio peruano en el extremo amazónico, revela con crudeza las limitaciones actuales. Esta isla, poco integrada al resto del país, fue incluso sobrevolada por aviones militares colombianos en un gesto que encendió las alarmas diplomáticas. ¿Cómo garantizar la defensa y la presencia estatal en una zona tan remota si ni siquiera hay canales de comunicación estables? La respuesta es clara: sin conectividad satelital, la defensa es frágil. Con un satélite propio, las Fuerzas Armadas podrían desplegar vigilancia en tiempo real, coordinar patrullajes y transmitir información táctica sin depender de redes ajenas.
En regiones como el VRAEM o en las fronteras amazónicas, donde el Estado compite con el narcotráfico y otras amenazas, un satélite se convierte en un multiplicador estratégico. Permitiría monitorear, transmitir inteligencia y articular operaciones rápidas. La seguridad del país depende tanto de las armas y las tropas como de la capacidad de comunicación. Y hoy esa capacidad es insuficiente.
Pero el impacto de un satélite no se limita a la defensa. También es la llave para resolver un problema histórico: la falta de integración territorial. En pleno siglo XXI, más de 20,000 centros poblados en el Perú siguen sin conectividad digital. Eso significa que millones de ciudadanos viven al margen de la educación online, la telemedicina, el comercio electrónico y hasta de servicios básicos del Estado.
La desconexión no solo empobrece: desintegra. La Amazonía, las punas altoandinas y las comunidades fronterizas viven como islas, sin acceso estable a internet ni a redes de telecomunicación. Un satélite de telecomunicaciones propio permitiría conectar esas regiones sin tener que esperar costosos proyectos de fibra óptica que, en muchos casos, son inviables por la geografía. Con cobertura satelital, comunidades olvidadas podrían integrarse de inmediato al resto del país.
El caso de la isla Santa Rosa vuelve a ser ilustrativo. No solo es un problema de defensa: es un problema de abandono. Su lejanía y desconexión la hacen más vulnerable a disputas limítrofes y a la influencia extranjera. Integrar este territorio al Perú no es solo cuestión de presencia militar, sino de presencia digital: escuelas con internet, postas médicas con telemedicina, ciudadanos que puedan comunicarse y participar activamente en la vida nacional.
El Estado peruano gasta decenas de millones de dólares al año en servicios satelitales. En 2023, fueron más de 54 millones. En quince años, esa cifra superará los 325 millones, suficiente para comprar y operar un satélite propio. La lógica es simple: alquilar es más caro que poseer. Además, fragmenta la demanda, pues cada institución pública contrata por su cuenta, perdiendo capacidad de negociación. Un satélite propio permitiría unificar la gestión, ahorrar dinero y, además, generar ingresos alquilando capacidad excedente al sector privado.
La inversión inicial, estimada entre US$ 180 millones y US$ 325 millones para un satélite de alto rendimiento, se recupera con creces en ahorros directos y en beneficios indirectos: mayor seguridad, educación, inclusión digital y fortalecimiento institucional. Países vecinos como Bolivia, Argentina o Brasil ya han dado este paso con éxito. La tecnología está disponible, el costo es asumible y la urgencia es evidente. Lo que falta en el Perú es decisión política. Entender que un satélite no es un lujo para científicos, sino una herramienta concreta para defender nuestras fronteras, integrar nuestros territorios y garantizar igualdad de oportunidades para todos los peruanos.
COMENTARIOS