La nueva ley de promoción agraria y el fin del Estado burocrático

La aprobación de una nueva ley de promoción agraria, en la práctica, significa la primera norma procapitalista que aprueba el actual Congreso. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que se trasladan recursos al sector privado para promover la inversión y la reinversión en el sector. Y como el régimen promocional ha sido validado durante dos décadas de vigencia de la anterior ley promocional (Ley 27360. absurdamente derogada por las izquierdas). que posibilitó convertir a un país importador neto de productos agrarios en una de las diez potencias mundiales agroexportadoras, es incuestionable que el sector se convertirá en un motor a favor de reformas promercado.

No es una frase que se suelta al viento. Si se combinan política, economía, mercado y voluntad de expandir la libertad económica los resultados pueden ser extraordinarios. Como todos sabemos, los efectos del sistema promocional anterior fueron tan sorprendentes que, incluso, el sector agrario llegó a crecer a tasas superiores a las de la China de la primera época por la multiplicación de la inversión y la reinversión. En apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura moderna –la mayoría de ellas ganadas al desierto– se produjo el boom agroexportador que incrementó los envíos al exterior de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones antes de la derogatoria de la anterior norma promocional. Igualmente se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones, se multiplicó el empleo formal en más de 200% y la pobreza en las regiones agrarias bajó muy por debajo del promedio nacional: el país tiene una tasa de 27% e Ica apenas 6%.

Con un poco de estabilidad política e institucional y con la elección de autoridades con sentido común en el 2026, el nuevo régimen promocional del agro puede expandir la agricultura moderna a niveles impensados en medio del avance de 23 proyectos hídricos que podrían agregar más de un millón de hectáreas a la agricultura. ¿Qué significa algo así? Que el avance, la prosperidad y el bienestar que genera el agro se convertirán en el modelo y en el espejo de las urgentes reformas de la economía, tal como sucedía antes de la tragedia del gobierno de Pedro Castillo.

A nuestro entender empezará a surgir una idea fuerza, dependiendo de la comunicación y el desarrollo de narrativas correctas: la necesidad de extender el régimen promocional al conjunto de la economía para el crecimiento de todos los sectores económicos, la reducción de pobreza, y el incremento de la recaudación fiscal con el aumento de la formalización. Es decir, la conversión del Perú en un Singapur continental.

Sin embargo, cualquier proyecto de nuevas reformas pasa por acabar con el Estado burocrático que crea un déficit fiscal estructural, bloquea inversiones –perpetuando la pobreza– y alienta la informalidad de la economía. Si no se cancela el Estado burocrático es imposible imaginar una reforma tributaria que traslade recursos al sector privado a través de la simplificación del sistema y la reducción de tasas. Imposible.

El Estado burocrático que ha creado el progresismo consciente en las últimas décadas consume un tercio del PBI nacional, de más de US$ 270,000 millones, a través del gobierno central, las regiones, los municipios y las empresas públicas (Petroperú). En ese sentido necesitamos que de los 19 ministerios se eliminen por lo menos la mitad. Sectores como el de la Mujer, de Ambiente y de Cultura han sido creados como plataformas de la acción política del progresismo y no tienen ninguna función social efectiva. Igualmente, las sobrerregulaciones y la multiplicación de oficinas es un proceso que se desarrolla para justificar la creación de más burocracia y el bloqueo de las iniciativas de la sociedad y el sector privado.

Como se aprecia, la nueva ley de promoción agraria es la primera norma procapitalista que ha aprobado el Congreso y el relanzamiento de las agroexportaciones será el argumento principal para el fin del Estado burocrático y el desarrollo de nuevas reformas.