¿Se pierde la batalla en contra de la minería ilegal en Pataz?

Como todos sabemos la provincia de Pataz, en la región La Libertad, ha sido declarada en emergencia; pero ni la presencia de las fuerzas armadas ni la acción de la policía nacional (PNP), del Ministerio Público, del Poder Judicial, ni las políticas del Gobierno central ni las del Gobierno Regional de La Libertad, logran detener el avance de la minería ilegal en la provincia. De alguna manera la mencionada economía ilegal ha corroído todo el tejido institucional, económico y social de la zona.

Hoy incluso se comienza a hablar de un corredor de la minería ilegal dentro de la región La Libertad, que abarca a Santiago de Chuco, Quiruvilca, Huamachuco y Pataz. En toda esta área se extiende una inmensa cordillera de batolito –una formación rocosa– de más de 40 kilómetros que es conocida por su alta ley en oro. Es evidente que, ante el fracaso del Estado de derecho en la contención de la minería ilegal, toda esta área con potencial en oro –que generalmente está dentro de las concesiones de la minería formal– corre el riesgo de convertirse en una especie de Lejano Oeste en donde impere “la ley” de las bandas criminales internacionales que, cada vez más, comienzan a asentarse en la zona.

La zona de Pataz y el corredor de minería ilegal produce alrededor del 30% del oro ilegal en el país, pero su potencial es gigantesco. Como alguna vez lo fue el cultivo de coca en el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), que atrajo a los cárteles de la droga de Colombia y México, igualmente, el potencial minero en oro de esta área de La Libertad puede convocar a todas las bandas criminales internacionales de América Latina y el mundo. El asunto, pues, no tiene que ver solo con la región La Libertad, sino con toda la seguridad y el Estado de derecho en el Perú.

Al parecer en el Gobierno de Dina Boluarte se ha renunciado a la interdicción por el temor de causar enfrentamientos con bajas civiles y, de una u otra manera, se posterga esta bomba tiempo para el próximo gobierno. Por lo pronto, todos los pueblos y caseríos que se levantan alrededor de esta enorme cordillera de batolito comienzan a adquirir el rostro y las formas de los villorrios controlados por el crimen organizado.

Postergar el problema para las calendas griegas, de una u otra manera, aumentará el costo social y humano de la solución. Siempre vale recordar que la alianza de la minería ilegal con el crimen organizado ya ha causado 17 trabajadores de las empresas mineras muertos, 23 heridos y se han derribado más de 15 torres de alta tensión. Por otro lado, alrededor de 60 volquetes salen diariamente la zona –cargan entre 20 y 30 toneladas cada uno– transportando el mineral ilegal que se roba de las concesiones formales de Minera Poderosa, Horizonte y Marsa.

En este contexto, la minería moderna que paga impuestos al fisco, preserva el medio ambiente con los más altos estándares ambientales, que genera empleo y se convierte en motor antipobreza en la sociedad, se queda sin posibilidades de defender los derechos de propiedad que la han sido otorgados de acuerdo a la Constitución y las leyes nacionales. 

Por todas estas consideraciones es legítimo preguntarse, ¿acaso el Estado ya ha perdido la batalla contra la minería ilegal en Pataz? ¿Acaso los políticos, los miembros del Ejecutivo y del Congreso, no perciben que el avance de la minería ilegal en Pataz también es la destrucción del Estado de derecho en todo el país? ¿Acaso no se entiende que el avance de la minería ilegal representa la destrucción de la minería moderna y las posibilidades del desarrollo nacional? ¿Qué esperamos para actuar?