Aldo Lorenzzi
El fenómeno de El Niño en el Perú
Mucho más que facultades legislativas
Uno de los sucesos climatológicos más significativos a nivel global es el fenómeno de El Niño. Este evento extraordinario genera un desequilibrio en la naturaleza y aparece periódicamente, sin embargo, en esta oportunidad es probable que desencadene no solo una crisis climática, sino también alimentaria, sequías y brotes epidemiológicos, entre otros problemas públicos globales. Sus primeras manifestaciones ya son visibles, como lo ocurrido en Santiago de Chile, donde una quebrada ubicada en un sector exclusivo de la capital se reactivó, al igual que sucedió hace pocos años.
Este patrón climático natural, que se origina en el Océano Pacífico, viene esta vez con mayor intensidad. Por ello, los especialistas lo han denominado “Súper Niño”, lo que anticipa la gravedad que alcanzará en esta ocasión.
Más allá de Chile, en países andinos como Colombia y Ecuador están sucediendo diversos eventos que impactan a la población: temperaturas superiores a los 40 °C en ciudades como Barranquilla y Cartagena, incendios forestales y riesgo de desabastecimiento eléctrico, entre otros efectos adversos.
Pese a ello, dichos países ya han tomado previsiones. El gobierno colombiano aprobó fondos de emergencia y contingencia, mientras que nuestro vecino del norte promueve el ahorro de energía en los hogares y evalúa de manera constante el impacto en el sector pesquero.
Asimismo, Centroamérica enfrenta graves secuelas: países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Panamá sufren escasez de alimentos debido a una intensa sequía que ha consolidado el denominado “corredor seco”, desencadenando una crisis alimentaria regional, después de revisar el contexto global, que está ocurriendo en nuestro país respecto a este fenómeno que viene.
Para el Perú ¿alcanza la delegación de facultades?
Nuestro país se encuentra en una situación crítica debido a la falta de oportunidad en la adopción de medidas previas. Por un lado, venimos de una administración ineficiente; por otro, la gestión actual está por cumplir apenas 100 días al mando del gobierno, lo que ha generado un notorio retraso en las acciones para mitigar el impacto de los próximos meses.
Como una de sus primeras medidas, el Ejecutivo ha solicitado la delegación de facultades legislativas para emitir normas que le permitan actuar ante este evento natural. Sin embargo, aun si se aprueban estas herramientas solo servirán para controlar y mitigar los daños inmediatos, no para la prevención. Para ello se requiere la articulación de los tres niveles del estado, la cual hoy es incipiente.
Resulta indispensable involucrar a la sociedad civil, al sector empresarial y a los gremios para trabajar de manera coordinada. No se trata solo de evitar daños materiales; existen riesgos desatendidos como la crisis energética, que afectaría gravemente al sector productivo peruano. Además, ciudades del sur como Lima, Ica, Moquegua, Tacna, y del norte como Trujillo, Chiclayo, Cajamarca, Piura y Tumbes, no están preparadas para soportar tres o cuatro días de lluvias y precipitaciones continuas, ni para enfrentar una crisis de salud pública como brotes de dengue, cólera, enfermedades diarreicas, golpes de calor y afecciones respiratorias en un sistema de salud precario y colapsado como el que gozamos actualmente.
Es momento de superar el entrampamiento de las facultades legislativas y analizar el impacto real que enfrentaremos. No todo se resuelve con leyes: el Ejecutivo tiene la capacidad y la responsabilidad de ejecutar acciones concretas de inmediato. Esperemos que lo haga.
La región ha superado diversos ciclos de crisis a lo largo de su historia y este es un nuevo reto. Confiemos en que el Perú y sus vecinos logren superar este desafío a pesar de las adversidades burocráticas. Así sea.
















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