Cuando la disputa política desplaza las urgencias nacionales

La historia está llena de sociedades que conocieron el esplendor y terminaron debilitadas por sus propias disputas. La antigua Grecia es un ejemplo. La Guerra del Peloponeso no fue únicamente un enfrentamiento entre Atenas y Esparta; fue también una demostración de cómo las rivalidades políticas pueden prolongarse hasta comprometer el destino de pueblos enteros.

Más de dos mil años después, la lección conserva vigencia: una nación no puede quedar permanentemente a merced de las disputas entre quienes tienen la responsabilidad de conducirla.

En Perú, el debate sobre la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿cómo garantizar que el control parlamentario fortalezca la democracia sin convertirse en un obstáculo para atender las urgencias nacionales?

El predictamen de la Comisión de Constitución del Senado recomendó aprobar un texto sustitutorio centrado en seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, con un plazo de 90 días calendario. La propuesta original contemplaba, además, medidas sobre empleo, micro y pequeñas empresas, desarrollo productivo y modernización del Estado.

No se trata de sostener que el Congreso deba aprobar automáticamente cada solicitud del Gobierno. La fiscalización es indispensable y las facultades legislativas deben tener límites claros. Se trata de recordar que el debate parlamentario también debe medirse por su capacidad para producir soluciones.

Mientras se discuten competencias y atribuciones, miles de peruanos enfrentan la extorsión, la inseguridad y la incertidumbre económica. Para ellos, las diferencias entre instituciones solo tienen sentido si contribuyen a mejorar sus condiciones de vida.

La oposición tiene derecho a cuestionar al Gobierno; esa es una de las bases de la democracia. Pero el control político alcanza su mayor valor cuando permite corregir, proponer y construir alternativas, no cuando la confrontación termina desplazando el propósito de resolver los problemas del país.

Tampoco el Ejecutivo está exento de responsabilidades: debe justificar sus propuestas, respetar la Constitución y rendir cuentas por sus resultados. La democracia exige contrapesos, pero también exige responsabilidad en su ejercicio.

El verdadero desafío consiste en comprender que las instituciones pueden tener funciones distintas sin convertirse en adversarias permanentes.

La polis, para los antiguos griegos, era la comunidad a la que debía servir la política. Olvidarla significaba perder de vista el propósito último del poder.

Y esa sigue siendo la advertencia para nuestro tiempo: cuando la disputa por prevalecer importa más que el bienestar de la nación, la política deja de ser una solución y comienza a convertirse en parte del problema.