La República bajo asedio

Hay momentos en la vida de una República en los que el problema no está solamente en quién tiene el poder, sino en cuánto está dispuesto a hacer con él. El Perú vuelve a encontrarse ante una discusión que debería preocupar a todos: cuáles son los límites del poder político y qué sucede cuando quienes ejercen una función pública comienzan a confundir legitimidad electoral con autoridad ilimitada.

Los antiguos griegos ya habían comprendido que ninguna ciudad podía sostenerse únicamente sobre la voluntad de sus gobernantes. En Atenas, Pericles defendió una idea de democracia vinculada a las leyes, la participación ciudadana y el interés de la comunidad. No era una concepción ingenua del poder. La política, entonces como ahora, estaba atravesada por ambiciones, rivalidades y disputas.

Thucydides relató precisamente cómo las luchas entre dirigentes terminaron debilitando la conducción de Atenas. El problema no era que existieran diferencias políticas; el problema aparecía cuando los intereses particulares comenzaban a imponerse sobre aquello que debía estar por encima de todos: la ciudad. Dos milenios después, la advertencia conserva vigencia.

En el Perú, el debate político no debería reducirse a determinar quién vence en una disputa entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. La pregunta más importante es otra: ¿qué ocurre cuando una institución interpreta su respaldo electoral como autorización para ampliar permanentemente sus márgenes de poder?

Maquiavelo, uno de los grandes observadores de la política, escribió que la fortuna gobierna una parte de las acciones humanas, pero deja otra parte a nuestra voluntad. La política exige, por tanto, prudencia y capacidad para comprender que una victoria circunstancial no garantiza estabilidad. Quien utiliza todo el poder disponible porque puede hacerlo quizá consiga una ventaja inmediata, pero también puede contribuir a destruir los límites que mañana necesitará la propia República.

El Perú necesita recordar esta lección mientras avanza hacia un sistema bicameral, con Senado y Cámara de Diputados. El cambio institucional no debería convertirse en una nueva oportunidad para profundizar enfrentamientos. Al contrario, debería servir para fortalecer los controles, mejorar la representación y hacer más difícil cualquier intento de concentración del poder.

Una democracia no puede depender exclusivamente de que quienes ocupan los cargos públicos actúen correctamente. Necesita reglas, contrapesos, instituciones independientes y una ciudadanía dispuesta a observar y cuestionar al poder. Por eso, el momento exige menos consignas y más responsabilidad. El Congreso tiene legitimidad porque sus integrantes fueron elegidos, pero esa legitimidad tiene límites. El Ejecutivo también los tiene. La Constitución establece el terreno dentro del cual ambos deben actuar.

La historia de Atenas demuestra que las repúblicas no se deterioran únicamente cuando alguien decide destruirlas. También pueden debilitarse poco a poco, cuando las instituciones dejan de reconocer sus propios límites y la sociedad termina acostumbrándose a ello.

La República no pertenece al Congreso, al Ejecutivo ni a una mayoría circunstancial. Pertenece a los ciudadanos. Y ningún poder debería olvidar que su autoridad es temporal, limitada y sometida a la ley. Ese principio debería ser la primera regla de cualquier democracia que pretenda sobrevivir.