El Congreso y el negocio de la oposición 

Siempre he creído que, en política, criticar por criticar puede ser una de las fórmulas minimalistas más hipócritas para buscar aprobación y votos. Siempre es fácil afirmar que todo está mal y señalar culpables, porque rara vez esas críticas terminan volviéndose contra quienes las formulan.

Sin embargo, como Perulandia es el país donde todo es posible, después de repetidos episodios de jactancia por la «aprobación reducida» de las facultades solicitadas por el Ejecutivo, creo que estamos ante una situación inédita: por primera vez, el Congreso se juega a compartir la responsabilidad por un eventual fracaso presidencial.

En efecto, si recordamos cómo empezó la discusión sobre las facultades legislativas, los políticos de oposición comenzaron cuestionando que el Ejecutivo supuestamente demoraba demasiado en presentar los documentos correspondientes. Sin embargo, después de recibir las solicitudes, el Legislativo se tomó más de 45 días para revisarlas y aprobarlas parcialmente, no sin antes alardear de haber impedido su aprobación total, como si recortar el pedido fuera un acto heroico o moral. Finalmente, las facultades quedaron limitadas a los temas de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

Por supuesto, resulta casi imposible ignorar la impronta de Maraví y Giampietri en la correspondiente Comisión de Constitución. Ante ello, la pregunta cae por su propio peso: ¿qué pasó con el respeto por los votos de la mayoría? ¿Acaso Fujimori ganó la segunda vuelta para que su gobierno fuera coactado por los perdedores? Porque una cosa es fiscalizar y controlar que el Ejecutivo no abuse del poder ni esconda dólares en los baños de Palacio, y otra muy distinta es impedir que la propuesta de gobierno ganadora pueda materializarse porque los representantes de la oposición reunidos en el Congreso son más numerosos que los del partido de gobierno.

Dicho esto, creo que los parlamentarios, al margen de la calificación que merezcan, no se están dando cuenta de que, al no aprobar las facultades legislativas —que históricamente fueron otorgadas incluso a gabinetes nefastos, como el de Castillo y compañía—, lo único que hacen es convertirse en cómplices del eventual fracaso o de la falta de éxito del gobierno actual. Cada vez que algún aspecto de la gestión no funcione, siempre se podrá señalar al Congreso y decir que «no aprobaron» una solución. Y nadie podrá distinguir si aquello que falló estaba o no directamente vinculado con las facultades que fueron rechazadas.

Así las cosas, cabe preguntarse seriamente: ¿qué está haciendo el Congreso? ¿Cuál es su interés real en el éxito o el fracaso del gobierno actual? Porque lo único evidente hasta el momento es que, cuando las papas quemen, no necesariamente podrá afirmarse que el fracaso de lo que nos toque vivir proviene exclusivamente del Gobierno.

Si lo que existe en el Parlamento actual es una especie de «revanchismo» histórico contra aquella frase de Keiko Fujimori, en 2016, cuando señaló que gobernaría desde el Congreso, debería asumirse que semejante actitud implica aceptar directamente una parte de la responsabilidad por lo que suceda. Hay, además, una enorme diferencia con aquel antecedente: entonces, las facultades se otorgaron en su totalidad —aunque con modificaciones— y el trámite tomó apenas 21 días.

Visto en perspectiva, creo que lo único que confirmaremos a corto plazo es que la calidad de los políticos en actividad sigue cayendo en picada. De otra manera, no se entendería cómo llegan incluso a «quemar por insistencia» un negocio tan rentable como el simple hecho de llevar la contra. Lo peor de todo es que, por mucho que los activistas y los opinólogos del streaming respalden a políticos que se oponen sin argumentos sólidos o juegan al filo de la dualidad moral, quienes seguiremos perdiendo somos los ciudadanos de a pie.