¿Sacrificar la libertad a cambio de seguridad y comodidad?

Desde que el estado moderno existe, no ha dejado de crecer en tamaño y su poder no ha dejado de aumentar. El problema radica en que cuanto más poder se le da al estado, menos poder y menos libertad de decisión y acción tienen los ciudadanos. Este es el enorme dilema que ahora enfrentan los ciudadanos europeos con la salida de la nueva billetera digital. En esta columna hablaremos un poco acerca de este nefasto proyecto y de por qué constituye un peligro directo para la libertad individual en el viejo continente; y potencialmente a futuro, en todo el mundo.

La Billetera Digital Europea, oficialmente conocida como Cartera de Identidad Digital de la UE o EUDI Wallet, es un proyecto liderado por la Comisión Europea y que busca unificar la identificación de los ciudadanos en una aplicación móvil. Se prevé que los Estados miembros comiencen a ofrecerla formalmente antes de que concluya 2026. Básicamente esta cartera digital es una aplicación para teléfonos inteligentes mediante la cual los ciudadanos europeos, así como también los residentes y las personas jurídicas, podrán acceder a todos los documentos oficiales. Lo que esta iniciativa busca es que se puedan reunir en un solo aplicativo, los documentos de identidad, licencias de conducir, títulos universitarios, cuentas bancarias e incluso otros documentos más personales. Aparentemente esta innovación buscaría facilitar trámites que hasta ahora son engorrosos debido a la burocracia.

Hasta ahora todo bien, más del lector se preguntará por qué me opongo tenazmente a esta billetera digital y por qué sostengo que es un potencial peligro. Aunque las autoridades han afirmado que el usuario tendrá el control total y podrá elegir compartir solo datos específicos, las sospechas son más que fundadas. A pesar de las promesas de comodidad y seguridad, el proyecto ya es una realidad y ha generado intensos debates entre expertos en ciberseguridad, defensores de los derechos civiles y sectores de la población debido a riesgos potenciales.

El primero de los riesgos consiste en otorgar un monopolio estatal a prácticamente todos los documentos personales de una persona en una plataforma controlada directamente por las autoridades. Si bien es cierto que los expertos de Úrsula von der Leyen afirmaron que su uso será voluntario, tal como sucedió con el carnet de vacunación, el uso será de facto obligatorio. Si el uso de la billetera se vuelve obligatorio para acceder a ciertas páginas de internet, comprobar su edad para acceder a redes sociales o inscribirse a ayudas sociales y servicios básicos, estamos ante una herramienta totalmente factible para ejercer un control social enorme.

Recordemos también que Europa es un continente demográficamente avejentado. Propagar el uso masivo de esta billetera digital generaría exclusión mediante brecha digital. Las personas mayores que tienen dificultad para manejar los teléfonos inteligentes o que incluso se niegan a usarlos se encontrarán excluidos de la mayoría de los trámites civiles e incluso comerciales.

A lo largo de estos últimos años hemos visto como múltiples plataformas digitales controladas por gobiernos han sufrido caídas y malos funcionamientos. Si concentramos casi todas las operaciones de la vida social en un único aplicativo, un ciberataque o simplemente una falla en los servidores podrían arruinar toda la vida social en cuestión de horas. Millones de ciudadanos europeos estarían completamente a merced de una incapacidad total de poder realizar muchas actividades que hasta ahora se pueden hacer de forma separada e independiente.

Otro punto importante es que esta cartera digital también pretende funcionar como billetera, es decir, los europeos que trabajan para el estado recibirían sus sueldos en sus cuentas a través del nuevo euro digital. Esto representa también de facto un poder enorme que tendría el superestado europeo sobre un control de las finanzas de sus ciudadanos, el rastreo invasivo de hábitos de consumo y la imposibilidad de poder realizar operaciones de forma libre sin ser rastreados. Si bien es cierto el proyecto del euro digital es independiente al de la billetera digital, están muy entrelazados, ya que aparentemente ambos proyectos buscan mejorar la seguridad y combatir el cibercrimen e incluso el terrorismo. Pero como en los últimos años hemos estado experimentando, muchas veces esas definiciones han sido bastante susceptibles de ser modificadas e incluso tergiversadas. Esto significa que cualquier grupo de individuos que se oponga frontalmente a estas nuevas medidas podrían ser calificados de subversivos y ser castigados por el gobierno con medidas como prohibición de acceso futuro a la billetera y dinero digital, o peor aún, recibir una suerte de muerte civil.

Aquí entra el peligroso fenómeno de la “anestesia social”, cuando el gobierno nos hace confundir debido a la delgada línea que separa a una mejora de uso con volver algo una necesidad. Por cada documento que integran los ciudadanos en esta nueva billetera, dicha aplicación se vuelve cada vez más imprescindible para el día de hoy. Llega el punto en que la gente no va a poder organizar su vida al margen de este circuito, se acaba doliendo una peligrosa dependencia. Ya en diversos telediarios en Europa están realizando anuncios previos anunciando que esta nueva billetera digital será una enorme solución para la vida de las personas. Con convertir diversas actividades del día a día en operaciones que exigen prueba de identificación personal, se vuelve un auténtico condicionamiento.

Aquí es donde entra el factor comodidad. La gente debe tener la libertad de usar esta billetera digital porque le sirve, pero también que pueden vivir dignamente si deciden prescindir de este aplicativo. El problema es que con la costumbre y con el germen estatista de la socialdemocracia europea, cierta gente va a normalizar su dependencia, incluso la va a apoyar. Los innumerables y fundados cuestionamientos no pueden resolverse simplemente con una declaración de Úrsula von der Leyen. Este cambio, ya sea en Europa, en el Perú o en cualquier otro país, debe ser consultado a la población y debe haber sido discutido en el debate público previamente. Si bien es cierto un trámite menos puede implicar una molestia menos, tenemos que ser muy conscientes del precio del cual estamos pagando para acceder a esa facilidad. No estamos hablando de una billetera digital privada, estamos hablando de un servicio forzoso que la gente pagará con sus propios impuestos.