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En diálogo con el portal El Montonero, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció el inicio de la lucha frontal en contra de la minería ilegal en el Perú, que afecta a 11 regiones y controla dos tercios del total de dinero que movilizan las demás economías ilegales (narcotráfico, tala ilegal, trata de personas y otras áreas del crimen organizado transnacional).
¿Por qué es posible sostener que el Ejecutivo está empezando una lucha frontal en contra de la minería ilegal? En la entrevista concedida a este portal el ministro de Energía y Minas anunció que, según el proyecto de ley de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Ley MAPE) que el Ejecutivo presentará ante el Congreso, las plantas de beneficio de minerales pasarán al régimen de fiscalización general de la minería.
¿Qué significa una medida de esta envergadura? Antes de analizar el tema vale señalar que, según una investigación del Instituto Peruano de Economía (IPE), durante el primer semestre de este año, el oro ilegal superó en 8.7 toneladas al oro de procedencia legal. El oro ilegal representó el 54% del total del volumen exportado. ¿Cómo puede suceder un fenómeno semejante en el país? ¿Acaso el Estado de derecho y el sistema de propiedad en minería han sido derogados?
La única explicación es que el mineral de procedencia ilegal está siendo procesado en algunas plantas que luego se incorporan a los circuitos de producción formal. No puede existir otra razón. En el Perú existen 357 plantas de beneficio de minerales, de las cuales 300 procesan minerales metálicos. Es evidente que un sector de estas plantas está procesando minerales de origen ilícito.
¿Por qué es posible semejante fenómeno? Porque las plantas de beneficio son concesiones mineras, pero sin minas. Se dedican a procesar el mineral de terceros, y he allí el hueco para la ilegalidad si es que no existe una adecuada fiscalización. Hoy en día las plantas de beneficio están fiscalizadas por los gobiernos regionales porque se acogen al régimen de pequeña minería mediante la cual se puede procesar hasta 350 toneladas métricas por día.
Con la decisión del Ejecutivo y del sector Energía y Minas las plantas de beneficio pasarán a ser fiscalizadas por el régimen general tal como sucede con todas las empresas de la minería moderna en el país. Por ejemplo, las empresas formales que pagan impuestos generan empleo formal y preservan el medio ambiente están bajo la vigilancia de la OEFA del ministerio de Ambiente, de la Sunafil del sector Trabajo, de la Sucamec del Ministerio del Interior, de la Dirección General de Minería del sector Energía y Minas, del ministerio de Agricultura, de Serfor, de la Autoridad Nacional del Agua y, por supuesto, de la Sunat y todas las entidades que vigilan el cumplimiento de la Constitución y las leyes nacionales.
Una extraordinaria noticia en la lucha contra la minería ilegal. En ese sentido, la propuesta de Ley MAPE del Ejecutivo se convierte en revolucionaria y además se plantea eliminar el Reinfo, establecer una régimen de consolidación de 18 meses para los más de 30,000 pequeños mineros inscritos en el registro actual y la creación del del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape), institución que estará adscrita al Minem y que se encargará de consolidar la formalización, fiscalizar y establecer la trazabilidad del mineral de los pequeños mineros en proceso de formalización.
En cualquier caso, con esta iniciativa el Ejecutivo da un paso fundamental en la estrategia de recuperar el orden y en la lucha contra la ilegalidad en el país. En ese sentido, hoy la pelota está en el campo de la cámara de Diputados. Veremos si las llamadas bancadas de centro se ponen de lado de la ley y el orden o siguen tolerando la ilegalidad como propone el radicalismo extremo.
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