No existirá Estado de derecho con minería ilegal en el Perú

En el Perú es imposible que se consolide la democracia, el Estado de derecho, frente al avance de la minería ilegal. Una minería que se alía con el crimen organizado internacional y desata olas de violencia y de pistoleros para controlar las concesiones, viola los derechos de propiedad consagrados en la Constitución y las leyes, y corrompe instituciones tutelares del sistema democrático.

Ese devastador escenario ya comienza a suceder en la provincia de Pataz en la región La Libertad, en donde las economías ilegales y el crimen organizado ya ha causado la muerte de 9 trabajadores, 23 heridos, 15 torres de alta tensión derribadas y alrededor de 600 camiones que, diariamente, transportan el mineral ilegal. Considerando que la onza de oro ha subido sobre los US$ 2,400 y que la minería ilegal produce dos millones de onzas, que representan US$ 5,000 millones anuales, es evidente que el problema seguirá agravándose.

No solo se trata de pistoleros, sino también del poder corrosivo de la minería ilegal sobre instituciones del Estado, llámese Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público, Poder Judicial, Fuerzas Armadas, gobiernos regionales y el Estado en general. Si la minería ilegal avanza en Pataz es porque las instituciones no están cumpliendo su responsabilidad.

Por otro lado, no solo se trata de la minería ilegal en el oro. Si bien el precio de la libra de cobre hoy oscila alrededor de los US$ 4, llegó a subir sobre los US$ 4.5 y todos sabemos que la demanda de metal rojo seguirá incrementándose por la multiplicación mundial de autos eléctricos y de las energías renovables. En este contexto, preocupa en extremo el crecimiento de invasiones de mineros ilegales a las concesiones de la minería moderna en el corredor vial del sur, donde se produce cerca del 40% del cobre nacional. 

Pero no solo se trata del corredor vial del sur. En Cajamarca, una región con una cartera de inversiones mineras de más de US$ 18,000 millones, igualmente se han comenzado a multiplicar las invasiones de mineros ilegales en las concesiones de la minería moderna. 

Y si a estas realidades le agregamos lo que sucede en Madre Dios, en la frontera entre Perú y Ecuador y otras zonas, entonces es evidente que estamos ante una amenaza para toda la sociedad y a la vigencia misma del Estado de derecho; es decir, una amenaza al imperio de la Constitución, las leyes y el sistema de derechos de propiedad.

En el Perú, pues, las empresas mineras que pagan impuestos, preservan el medio ambiente con los más altos estándares ambientales, generan empleo formal y se convierten en motores antipobreza, están amenazados por la violencia que desata la minería ilegal, que destruye el medio ambiente con el uso del mercurio. 

En otras palabras, hoy está bajo amenaza el sistema de propiedad minera que posibilitó convocar a más de US$ 60,000 millones en inversiones en las últimas tres décadas y contribuyó decisivamente a la multiplicación por cuatro del PBI y a reducir pobreza del 60% de la población a 20% antes del gobierno de Castillo (luego del gobierno de Perú Libre este flagelo social se acerca al 30%).

Pero es evidente e incuestionable que la destrucción de la minería moderna por la minería ilegal implicaría la propia destrucción del Estado de derecho. Si las economías ilegales destruyen los sistemas de propiedad consagrados en la Constitución y las leyes, entonces las instituciones de la democracia no habrían cumplido sus funciones y, por lo tanto, estarían pintadas en la pared.

De una u otra manera, pues, la lucha en contra de la minería ilegal es la lucha por preservar el Estado de derecho.