Luces y sombras de la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alguna vez fue sinónimo de ortodoxia liberal, disciplina fiscal, apertura comercial y promoción de la inversión. En los últimos años, sin embargo, la organización parece haberse deslizado hacia una agenda progresista que promueve, de una u otra manera, mayores impuestos a los milmillonarios y a la riqueza, así como una creciente intervención estatal en nombre de la redistribución, la sostenibilidad ambiental y el activismo social. Todo ello se presenta bajo el ropaje aparentemente neutral de la cooperación y la asistencia técnica.

Nadie puede negar la importancia de los países que integran la OCDE. Sería absurdo hacerlo. La organización reúne actualmente a 38 economías, entre ellas Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Israel y Reino Unido. Según los datos actualizados del Banco Mundial, este bloque produjo en 2025 un PBI conjunto de USD 72.54 billones, frente a los USD 118.35 billones de la economía mundial: aproximadamente el 61% de la producción global.

Precisamente por ello resulta legítimo preguntarse si una organización que reúne economías tan distintas puede pretender aplicar un mismo recetario regulatorio. No existe el mismo contenido económico, político e institucional en Alemania que en Colombia, ni en Estados Unidos que en Costa Rica. México, Chile, Colombia y Costa Rica aportan diversidad a la organización, pero su peso económico continúa siendo marginal frente a las grandes economías desarrolladas que determinan buena parte de sus orientaciones.

El problema, entonces, no es la composición de la OCDE, sino el uso que hace de su enorme influencia. Y el caso peruano constituye un ejemplo particularmente claro. Nuestro país se encuentra desde 2022 en un exigente proceso de adhesión, atendiendo evaluaciones de 23 comités y 24 grupos de trabajo, con la expectativa de convertirse en el próximo miembro latinoamericano del club. Pero, mientras el Perú busca cumplir las exigencias de la organización, comienzan a aparecer recomendaciones que pueden terminar afectando precisamente aquello que el país más necesita: inversión, crecimiento y generación de empleo formal.

El reciente informe Revisión de la política fiscal: Perú 2026, presentado en Lima a fines de agosto, constituye una señal de alerta. La OCDE recomienda eliminar el régimen promocional del agro, que establece una tasa de 15% en el impuesto a la renta, y restituir la tasa general de 29.5%, calificando de excesivos los beneficios fiscales que hoy incentivan la inversión en uno de los sectores más dinámicos de la economía peruana. En otro informe, publicado en abril de 2026, la organización recomendó rediseñar las cotizaciones a la seguridad social en función de los ingresos laborales, ampliar la fiscalización laboral y aumentar la carga tributaria bajo el argumento de reducir la informalidad. También planteó mayores impuestos al carbono y más recursos para la conservación de bosques.

El problema de este enfoque es evidente. Frente a una economía caracterizada por una enorme informalidad, baja productividad y un Estado que todavía arrastra graves problemas de eficiencia, la respuesta no debería consistir simplemente en incrementar los impuestos y las obligaciones de quienes permanecen dentro de la formalidad. Si el objetivo es reducir la informalidad, el camino debería ser precisamente el contrario: simplificar el sistema tributario, reducir costos, eliminar trámites y crear condiciones para que producir formalmente resulte más atractivo que permanecer al margen de la ley.

El mismo riesgo aparece en Foundations for Growth and Competitiveness 2026, presentado como una hoja de ruta para elevar la productividad y la competitividad. Conceptos como “cohesión social”, “sostenibilidad” y “resiliencia” pueden ser perfectamente legítimos, pero corren el riesgo de convertirse en el envoltorio de nuevas regulaciones, mayores obligaciones empresariales, más gasto público y mecanismos de redistribución. La cuestión fundamental es quién determina qué reforma resulta aceptable y bajo qué criterios.

Para el liberalismo económico serio, reformar significa eliminar privilegios estatales, proteger la propiedad privada, reducir y simplificar impuestos, abrir mercados, eliminar barreras burocráticas y devolver al ciudadano la capacidad de producir, contratar e invertir sin tener que atravesar una interminable cadena de permisos y autorizaciones. Para una burocracia internacional cada vez más intervencionista, en cambio, “reformar” puede terminar significando aumentar la regulación laboral, imponer determinadas transiciones energéticas, ampliar la fiscalización de las empresas y convertir cada problema social en una justificación para crear un programa, una agencia, una mesa técnica o un nuevo impuesto.

La diferencia no es menor para el Perú. Según el Banco Mundial, el PBI por habitante de los países de la OCDE alcanzó USD 51,733.7 en 2025. No parece razonable exigir que una economía como la peruana adopte sin matices las mismas cargas regulatorias y tributarias de países que cuentan con niveles muy superiores de productividad, ahorro interno y capacidad institucional. Y menos aún cuando la propia OCDE estima que la informalidad peruana alcanza alrededor del 71%. Aplicar el mismo recetario a realidades tan diferentes no es necesariamente cooperación: puede terminar convirtiéndose en una forma de colonialismo burocrático.

La OCDE todavía puede cumplir un papel valioso mediante sus análisis comparativos, sus estadísticas y sus recomendaciones orientadas a elevar la productividad. Pero para ello debería recuperar el norte que le dio origen: comercio abierto, seguridad jurídica, responsabilidad fiscal, competencia y libertad para emprender.

El Perú no necesita que una burocracia internacional le diga cómo aumentar impuestos a quienes producen. Necesita un Estado más eficiente, sencillo y predecible, capaz de atraer inversión y liberar las fuerzas productivas de la economía. Si la OCDE insiste en convertirse en una suerte de ministerio global de corrección política económica, terminará alejándose de aquello que alguna vez justificó su existencia: promover mejores políticas para generar crecimiento y prosperidad.