La guerra silenciosa del progresismo para eliminar el régimen promocional agrario

El progresismo y las izquierdas se han obsesionado con eliminar el régimen promocional agrario del Perú, una de las mejores políticas públicas de la historia nacional que emuló al modelo de los tigres de Asia: promoción de inversiones para exportar, aumento de la recaudación, multiplicación de divisas, generación de empleo formal en medio de una incesante innovación. Bajo la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, durante dos décadas en una porción mínima de tierras ganadas al desierto (250,000 hectáreas) se produjo el milagro agroexportador. En el 5% de tierras dedicadas a la agricultura los envíos al exterior aumentaron de US$ 650 millones a cerca de US$ 15,000 millones, se convocaron US$ 20,000 millones de inversiones y el Perú se ubicó entre las diez potencias agroexportadoras del planeta.

Sin embargo, durante el gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción provisional del Legislativo de Mirtha Vásquez, el Partido Morado y las izquierdas jugaron en pared con el Ministerio de Economía y Finanzas y todas las bancadas comunistas y progresistas del Legislativo para derribar la Ley de Promoción Agraria. Una movilización en Ica, algunas lamentables muertes y se derogó una de las mejores leyes de la historia republicana.

Se eliminó el régimen promocional agrario (15% en renta) y se derogó el sistema de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo que posibilitó incrementar el empleo formal de 460,000 entre directos e indirectos en el 2004 a más de dos millones en la actualidad. En su reemplazo se estableció el bono especial del trabajador agrario (BETA) que establece que a la remuneración mínima vital en el agro hay que agregarle un 30% del total.

Luego Fuerza Popular desarrolló una épica contra las izquierdas en el Congreso pasado para restablecer el régimen promocional tributario y lo logró. Desde este año el señalado régimen volvió a estar vigente luego de la derogatoria. Más tarde Keiko Fujimori durante su campaña electoral defendió el régimen promocional, y en las regiones agroexportadoras la gente votó masivamente a favor de la inversión.

Sin embargo, cuando se debería avanzar a desregular la legislación laboral para recuperar el impulso formalizador en el empleo, un informe de la OCDE –aparentemente auspiciado por un sector de Economía y Finanzas– propone cancelar el régimen promocional, con el argumento de la trayectoria fiscal. Todos los peruanos de buena voluntad estamos preocupados por la trayectoria fiscal, pero entendemos que en el gobierno de Keiko Fujimori, antes que aumentar impuestos al sector privado y la sociedad, se propone reducir el gasto estatal, reducir ministerios y planillas y acabar con el saqueo de recursos de Petroperú. 

El aparente apoyo de un sector del MEF a la propuesta de eliminar el régimen promocional en el agro desata interrogantes. El argumento acerca de que el Perú perdería S/ 20,000 millones en una década no resiste el menor análisis. En las últimas dos décadas, gracias al régimen promocional, con la multiplicación de la inversión y la reinversión el Perú ganó S/ 7,000 millones en recaudación fiscal hasta el 2021, según las propias proyecciones del MEF. ¿Cómo se puede hacer una proyección estática de menos recaudación sin considerar que un régimen promocional en una década multiplicará la inversión y la reinversión? Todo huele a ideología y agendas de las oenegés antiexportadoras que, a semejanza de las oenegés antimineras– comienzan a colonizar toda la agenda progresista anti-inversión en el Perú.

Algo más. Comex Perú acaba de plantear una aproximación reveladora: el BETA genera una distorsión en la estructura de costos de las empresas que le restan productividad y competitividad. Como todos sabemos el bono especial del trabajador agrario (BETA) le agrega un 30% a la remuneración mínima vital en el agro. Según Comex, entre 2021 y el 2025 las empresas agrarias han pagado en costos laborales S/ 6,897 millones mientras que por impuesto a la renta abonaron S/ 5,625 millones. Los costos laborales en el agro representan el 76% de los costos totales mientras que en el régimen general suma el 50%. 

En otras palabras, las empresas agrarias pagan igual en renta que en costos laborales debido a la destrucción del sistema laboral agrario que se aprobó durante el gobierno progresista de Sagasti. No hay ninguna exoneración entonces.

Algo más. Los avances en formalización en el agro se han desplomado. Durante el 2025 la tasa de informalidad laboral en el agro se ha disparado a más de 93%.

Como se aprecia con absoluta claridad las izquierdas le han declarado una guerra de fin de mundo al milagro agroexportador del Perú. ¡Otra vez es hora de detener estas intenciones!