Ley de Promoción Agraria; fuente de desarrollo

No obstante los ataques contra la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27360) por parte de las representaciones marxistas en el Congreso de la República, un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala que las exportaciones agrarias entre enero y septiembre crecieron 2.8%, sumando un total de US$ 4,431 millones. Además, según el reporte, en el tercer trimestre del 2020 el sector agrario ha experimentado un crecimiento de la fuerza laboral de 20.5% respecto al año pasado.

Con la Ley de Promoción Agraria, sustentada en la Constitución de 1993, el crecimiento de las exportaciones ha sido notable: de US$ 800 millones en el 2000 a más US$ 7,300 millones en 2019. Durante la pandemia, entre enero y septiembre pasado, cumpliendo los estrictos protocolos sanitarios, las actividades agrarias aportaron S/ 475 millones de ingresos tributarios, un incremento de 4.8% respecto al año pasado. 

En 20 años, gracias capítulo económico de la Carta Magna, el 80% de las empresas agroexportadoras –pequeñas y medianas empresas (pymes)– contribuyen a la transformación del campo disminuyendo la pobreza y el desempleo, movilizando –por medio del trabajo– a vastos sectores de la población de las zonas alejadas de las ciudades. Vale señalar que en los últimos veinte años, por la Ley de Promoción Agraria y por las inversiones mineras, la pobreza extrema –característica histórica de las zonas rurales– disminuyó de 19% a 3%. ¿Cómo entender, entonces, los ataques a la Ley Nº 27360, que es sinónimo de progreso? 

Aun cuando la Ley de Promoción Agraria ha sido prorrogada por 10 años más, del 2021 al 2031, la intención política de los sectores marxistas es derogarla; aunque se trate de una ley que ha estimulado como nunca antes una oferta agraria de 600 variedades de frutas y hortalizas en los mercados internacionales. El argumento de los colectivistas no es otro que “una revisión de las actividades agrarias” con el fin de impulsar la denominada “agricultura social”, doméstica, de subsistencia y en minifundios, en parcelas menores de cinco hectáreas. 

Al respecto vale señalar el abandono del Estado al sector agrario. Según la Encuesta Nacional Agraria (ENA), en los últimos tres años, solamente 11 de cada 100 productores agrarios han recibido alguna capacitación, y cinco de cada 100 han recibido asistencia técnica. Asimismo, vale señalar que el gasto promedio ejecutado por el sector Agricultura, hasta setiembre pasado, es 36.7%. En 2019 tan solo alcanzó el 58.3%. 

Majes Siguas I es el ejemplo de todos los errores. Las parcelas han sido atomizadas, abandonadas, ocupadas por traficantes de terrenos o vendidas a precios de mercado, después de haber sido compradas a precios “sociales” (mucho menores). El excesivo consumo de agua no facturado por el minifundio ha provocado un nivel freático que podría convertir a las pampas de Majes y Siguas en un inmenso bofedal. Por esta razón la urgencia del cambio de tecnología de Majes Siguas II, de canales abiertos por conductos cerrados de agua. Además, por la ausencia de asistencia técnica y de mercado, el exceso de producción a precios por encima del mercado, afecta con frecuencia a los productores del campo.

Después de dos décadas, la posición peruana en los mercados internacionales es la de un proveedor confiable. Todos los esfuerzos para conseguirlo pueden ser derrumbados de un solo carpetazo en el Congreso. Con la nueva mesa directiva del Parlamento, dirigida por el Frente Amplio, en cualquier momento se puede promover el debate y aprobación de normas que buscan eliminar la Ley de Promoción Agraria. En cualquier caso, los peruanos de buena voluntad, quienes creen que el crecimiento reduce la pobreza, y que el crecimiento solo surge de la inversión privada, debemos permanecer alertas ante cualquier maniobra del colectivismo en el Legislativo.