Obras por impuestos y el cierre de las brechas de infraestructuras básicas

No obstante que el Perú es una economía de ingreso medio, y a pesar de que el fisco cuenta con los recursos suficientes para cerrar las brechas de infraestructuras, el Estado y la burocracia se han convertido en los principales enemigos de la inversión, ya sea pública o privada. Con el exceso de oficinas, ministerios y sobrerregulaciones no solo se inviabiliza la inversión pública y se gasta ineficientemente los recursos, sino que también se bloquea la inversión privada y se aleja a las unidades más pequeñas de la formalidad.

En cuanto al cierre de brechas de infraestructuras básicas cualquier cifra es aterradora, sobre todo en las regiones más pobres, como Cajamarca y Puno, en donde la informalidad puede sobrepasar el 80% de la economía y la sociedad. Por ejemplo, alrededor de 3.5 millones de peruanos no tienen acceso a agua potable (el 10% de la población) y cerca de 11 millones no tienen acceso al alcantarillado. Si bien el 84% de las vías nacionales se han pavimentado en las últimas décadas, se estima que el 89% de las vías vecinales y rurales no están asfaltadas. Por otro lado, se proyecta que el 80% de los más de 55,000 colegios del Perú están en situación de precariedad y requieren ser reconstruidos y en muchos casos demolidos.

¿Cómo se explica la situación de las infraestructuras básicas en una sociedad de ingreso medio con un PBI de más de US$ 300,000 millones y en el que el presupuesto público consume cerca de un tercio del mencionado PBI? La única explicación: los gobiernos subnacionales están arrojando los recursos fiscales a cualquier lado, menos atendiendo los problemas de infraestructuras básicas. 

Y las cifras son estremecedoras. Por ejemplo, de acuerdo con el Plan de Competitividad del 2019 el déficit de las infraestructuras básicas –a cargo de los gobiernos regionales– sumaba alrededor de S/ 117,000 millones. Sin embargo, entre el 2019 y el 2023 se gastaron S/ 195,000 millones –160% del total del déficit–, pero las brechas en agua potable, alcantarillado, escuelas, postas médicas y carreteras se mantuvieron o empeoraron. La plata se pierde en ineficacias, irregularidades y corrupción. 

Cualquier sociedad desarrollada que ha alcanzado el bienestar de las mayorías siempre ha resuelto los problemas de los déficits de infraestructuras mediante una alianza entre el Estado y el sector privado, a través de las llamadas asociaciones público-privadas (APP). O mediante el sistema de obras por impuestos (OxI), que permite a las empresas privadas desarrollar obras de impacto local o regional en vez del pago de impuestos.

Si en el Perú el sistema de obras por impuestos movilizará la inversión privada para cerrar las brechas de infraestructuras básicas, las aterradoras cifras que se presentan en algunas regiones en estos aspectos ya se habrían superado. Según ProInversión en el 2024 los compromisos de inversión por Obras por Impuestos sumaron S/ 4,200 millones y para el 2025 se piensa duplicar estos montos. 

Se han planteado muchas reformas y cambios legales para convertir las OxI en herramientas claves de reducción de brechas de infraestructuras básicas –entre ellas la necesidad de focalizar las inversiones en las regiones más pobres–; sin embargo, el gran problema del sistema es su excesiva burocratización, que convierte el modelo en un imposible para el sector privado. Por ejemplo, para que una empresa viabilice una obra por impuestos –desde el inicio del proyecto hasta alcanzar el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL)– debe destinar un equipo especial para alcanzar el objetivo. En otras palabras, para que las empresas sirvan a los más pobres debe contratar un equipo entre 7 y 10 profesionales porque el Estado burocrático se dedica a crear sobrerregulaciones y oficinas.

El asunto se vuelve un drama cuando, según los datos de ProInversión, el 74% de las obras por impuestos se suelen terminar antes de los plazos establecidos. Al respecto Videnza Instituto acaba de informar que alrededor de 4,000 obras se han reprogramado por varios años –algunas hasta el 2036– con el objeto de sacarle la vuelta, como se dice, a la ley que prioriza el financiamiento de obras atrasadas y seguir aprobando y financiando nuevos proyectos. 

El Estado burocrático, pues, se ha convertido en el peor enemigo de la sociedad. Sobre todo, de los más pobres.