El fracaso total de la regionalización. ¡Reforma urgente!

A estas alturas las reflexiones sobre cómo reformar el Estado, sobre cómo acabar con el Estado burocrático que multiplica sobrerregulaciones, ministerios y oficinas, no puede avanzar si no se incorpora el análisis del fracaso del proceso de regionalización, sobre todo en cuanto a la inversión pública. De cada tres soles que gasta el Estado, dos soles se ejecutan a través de los gobiernos subnacionales. Y en los últimos años ha existido suficientes recursos fiscales para resolver las brechas de infraestructuras (agua potable, alcantarillado, colegios, postas médicas, hospitales, carreteras) que, en algunos casos, afectan a más del 80% de la población sobre todo a las regiones con más índices de pobreza.

Sin embargo, se gasta y se gasta, pero las brechas de infraestructuras no se reducen y en algunos casos se complican. ¿Qué se hace con el dinero que se gasta?

En un interesante análisis de Videnza Instituto se señala que la aprobación de la Ley 32450, que prioriza el financiamiento público de las obras paralizadas, con el objetivo de evitar postergaciones indefinidas, muy por el contrario, ha significado una especie de fuga hacia delante de parte de los gobiernos subnacionales. Bajo esa normatividad se ha sincerado los plazos de ejecución de más de 4,000 proyectos y se ha comprobado una realidad que debe ser denunciada a todo el país y corregida cuanto antes.

Según Videnza Instituto el sinceramiento de los proyectos ha confirmado que, en la gestión pública de los gobiernos subnacionales, los plazos se prolongan innecesariamente, los costos aumentan sin justificaciones técnicas y las obras se pueden postergar hasta 20 años después de lo establecido. 

De esta manera, las obras que debían entregarse en el 2023 ahora podrán ser culminadas en un periodo que abarca hasta el 2036. Y una de las cosas más graves que informa Videnza Instituto –a través del diario Gestión– es que el 60% de las obras postergadas con fecha de ejecución está en los sectores de Educación, Transporte y Salud. En otras palabras, hay dinero y existen posibilidades de resolver los problemas de la población sin escuelas, sin postas médicas ni carreteras; sin embargo, los gobiernos subnacionales siguen fracasando de principio a fin.

El asunto se agrava dramáticamente cuando se repara en que el Estado sigue gastando en obras. Por ejemplo, en el 2024 la inversión pública sumó los S/ 57,000 millones, representando una ejecución del 82% de lo programado. ¡Una realidad que estremece frente a la imposibilidad de cerrar las brechas de infraestructura en las regiones! 

El asunto se vuelve dramático si vemos que el asunto se ha vuelto una característica de todo el proceso descentralizador. Por ejemplo, según el Plan de Competitividad del 2019, el déficit de infraestructuras básicas –bajo responsabilidad de los gobiernos regionales– sumaba S/ 117,000 millones. Sin embargo, entre el 2019 y el 2023 se gastaron alrededor de S/. 195,000 millones. Una suma que representa más del 160% del déficit total establecido.

Los resultados de estas inversiones entre el 2019 y el 2023 simplemente aterran. El déficit de agua potable aumentó en 1%, en desagüe y alcantarillado el problema creció en 0.5%; mientras que el 85% de las postas médicas estaba en situación precaria y cerca del 90% de la red vial carecía de pavimentación.

¿Hacia dónde va el dinero que gastan las regiones en obra pública? Es evidente que una de las causas del fracaso del Estado en general está en la destrucción de la inversión pública que significan las regiones. Igualmente, una de las razones del aumento del gasto sin ningún sentido es el fracaso de la inversión pública regional. 

De alguna manera estamos ante una de las papas calientes que debe tomar entre manos la próxima administración a instalarse en el 2026. No existirá reforma del Estado, no se cancelará el Estado burocrático ni se recuperará la estabilidad fiscal si no se acaba con la ineficiencia en la obra pública de los gobiernos subnacionales.