Luego de la caída del Muro de Berlín, a fines de...
Para nadie es un secreto que la economía peruana, que solía crecer en 6% en promedio y reducir 4 puntos de pobreza por año, hoy ha ingresado a una etapa en la que alcanzar un 4% de expansión de PBI es una hazaña y reducir un punto porcentual de pobreza una gesta. Y, de una u otra manera, hemos empezado a contemporizar con el argumento acerca de que la lentificación es una consecuencia natural del fin del superciclo de los commodities. Y para abonar a favor de la resignación económica solemos mencionar los promedios de crecimiento de la región y del planeta.
Sin embargo, el Perú —como cualquier país de ingreso medio— tiene una agenda propia y también posibilidades, logros y fracasos que comprometen el futuro de la República y su economía. Por ejemplo, todos los economistas señalan que si el país estuviese ejecutando su cartera de proyectos mineros la economía estaría creciendo por encima del 5% y la pobreza se habría reducido varios puntos más. No obstante, en el primer trimestre la economía creció 2.5% y todos los observadores afirman que ya parece imposible llegar a 4% en este año. Es incuestionable, pues, que existen factores internos que explican la ralentización del crecimiento.
Uno de esos factores es, sin lugar a dudas, la extrema polarización política. Una manera de relacionar la política con la economía, por ejemplo, es observar la evolución del crecimiento de la inversión privada. En el 2010 la inversión privada sumaba el 25.8% del PBI, y en 2012 representaba el 15.6%. Sin embargo, en 2014 cayó en -2,2% y comenzó una tendencia claramente decreciente. En 2015 la inversión privada siguió descendiendo en -4.2%, en 2016 en -5.4%. Y si bien en 2017 hubo una ínfima recuperación de 0.2%, y en 2018 aumentó a 4.4% del PBI, resulta incuestionable que la tendencia a la baja es real.
¿Cómo explicar, pues, esta situación? Los economistas suelen justificar las resignaciones frente a la economía señalando que es el resultado del fin del superciclo de los commodities. Sin embargo, si se hubiesen concretado los proyectos mineros de Conga, Galeno, La Granja, Michiquillay y Tía María, ¿acaso el Perú no estaría en vuelo de crucero? Si la clase política hubiese tenido la madurez para enfrentar el caso Lava Jato con una clara y firme voluntad de luchar contra la corrupción, pero también con la perspicacia de evitar la judicialización de la política que promueven los sectores marxistas, ¿acaso no hubiese habido espacio para relanzar las asociaciones público privadas y las obras por impuestos para avanzar en la solución de los déficits acumulados en infraestructuras? La respuesta es evidente afirmativa.
El Perú no se focalizó en la economía, en el crecimiento, en la promoción de reformas ni el relanzamiento de la inversión privada por una sola razón: la guerra política que desató el nadinismo nos sacó de los círculos virtuosos iniciados con las reformas económicas de los años noventa. La tendencia decreciente de la inversión privada coincide con la ofensiva nadinista. El proyecto de reelección conyugal de Ollanta Humala y Nadine Heredia envileció las relaciones oficialismo y oposición (allí está, por ejemplo, el muñeco de la Megacomisión Tejada) a tal extremo que todos los actores comenzaron a participar de la judicialización. Más tarde, la guerra Ejecutivo-Legislativo —luego de las elecciones del 2016— creó tal vacío de poder que la judicialización se apoderó del sistema político.
En este contexto, el presidente Martín Vizcarra llevó la judicialización de la política a niveles tan extremos que ahora el espacio público se ha convertido en sinónimo de guerra y de eliminación del adversario. No hay nadie con quién conversar porque los líderes o están muertos o encarcelados, no obstante que no hay acusaciones ni juicio oral en desarrollo. La reciente caminata de Vizcarra hacia el Legislativo para pechar a ese poder del Estado porque no se aprueba “su reforma política” es el último acto de esta guerra de autodestrucción.
En este escenario, en el Perú solo se debaten las reformas que polarizan. No se abordan las reformas urgentes para relanzar el crecimiento ni a nadie se le mueve una pestaña frente a la caída de la inversión privada. Es decir, el escenario ideal para los sectores anticapitalistas que culparán al modelo de la ralentización de la economía, y no a la guerra política que ellos promueven. Es hora de despertar.
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