La ley de promoción agraria y la involución del debate económico

Uno de los efectos más perversos de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), por el progresismo y las izquierdas, ha sido la involución del debate económico en el Perú. Cuando la señalada norma estaba vigente la discusión se focalizaba en si el régimen tributario promocional tributario y laboral debía extenderse a toda la economía o no –considerando el volumen de inversión, reinversión, el incremento de las agroexportaciones y del empleo formal y los niveles de reducción de pobreza en las regiones agrarias– con el objeto de relanzar el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza en el país.

Era una discusión absolutamente saludable. El régimen tributario de la ley derogada contemplaba 15% en renta, y si las discusiones continuaban el Perú quizá pudo haber llegado a una fórmula de 20% en renta. Se habría tratado de una verdadera reforma formalizadora de la economía en que se habría disparado la inversión y la reinversión y la masiva creación de empleo formal. Con esa reforma el Perú habría avanzado a convertirse en un jaguar hispanoamericano. 

Luego de la derogatoria de la mencionada ley, el debate ha involucionado de gravedad, sobre todo frente al descontrol del déficit fiscal que se produce desde la llegada de Pedro Castillo al poder y la continuidad de la administración de Dina Boluarte. En este contexto hasta el progresismo y el radicalismo consciente aparecen como defensores de la estabilidad fiscal y comparan el régimen promocional agrario con el fracaso general de todas las experiencias de las zonas francas en el Perú y América Latina.

No negamos que un sector de economistas liberales tiene una legítima preocupación en el tema fiscal y pretenden lo mejor para el país; sin embargo, los sectores progresistas, las izquierdas, lo único que buscan es la descapitalización del campo, el estancamiento del milagro agroexportador peruano. con el objeto de que se levante una ola expropiadora de las islas de riqueza que se producen.

Antes vale precisar que la principal causa del descontrol del déficit fiscal –no se cumple la regla fiscal por dos años consecutivos– está en el Estado burocrático con más de 19 ministerios y una multitud de sobrerregulaciones, oficinas y aduanas. El gobierno central, los gobiernos regionales, municipios y las empresas públicas (Petroperú) consumen un tercio del PBI nacional de cerca de US$ 270,000 millones; es decir un gigantesco gasto para el tamaño de la economía y los escasos servicios que se prestan. Tres ministerios progresistas, sin ninguna función social –los despachos de la Mujer, de Ambiente y de Cultura– consumen alrededor de S/ 3,000 millones al año y en una década representarán pérdidas de S/ 30,000 millones, con tendencia a aumentar por el incremento del gasto corriente.

No hay un argumento racional entonces para oponerse a un régimen promocional en el sector agrario, sobre todo considerando que la agricultura moderna podría cuadruplicarse considerando los 23 proyectos hídricos que tiene en cartera el Perú.

Vale anotar que, desde la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, al margen del incremento nominal de las agroexportaciones (en precios, no en toneladas) no se conocen de nuevas inversiones, más allá de compra de maquinarias para reemplazar contratos de trabajo, ante la eliminación de la estabilidad laboral. ¿Qué puede suceder si las cosas siguen así?

Las agroexportaciones y la agricultura moderna representan el 5% del total de tierras dedicadas a la agricultura. Es decir, ese 5% está rodeado de un 95% de agricultura familiar y de sobrevivencia. Si la agricultura moderna no sigue avanzando y creando más locomotoras de desarrollo que empujen a las pequeñas unidades agrarias a la modernidad, tarde o temprano, se levantará una ola expropiadora en contra de los fundos modernos. Así se eliminó la flexibilidad laboral en los contratos.

El Congreso entonces debería aprobar un sistema promocional de inversiones para el agro cuanto antes.