Los movimientos regionales como base de la legitimidad política

En el contexto actual de Perú, donde la ciudadanía ha mostrado su hartazgo y ha expresado su desconfianza hacia las autoridades, con los niveles más bajos de apoyo a los gobiernos, es necesario replantear el modelo de gobernanza del país. La creciente insatisfacción de la población, sumada a la crisis de legitimidad que atraviesan los poderes del Estado, hace urgente una reflexión sobre cómo construir una gobernanza más inclusiva, representativa y sostenible.

Uno de los principales caminos para avanzar hacia un modelo de gobierno más legítimo es fortalecer los movimientos regionales como base para el futuro político del país. Estos movimientos no solo representan una oportunidad para descentralizar el poder, sino también para dar voz a las regiones y asegurar que las decisiones políticas se alineen con las necesidades locales, alejándose de los intereses centralizados y muchas veces ajenos a las realidades de la población.

Las regiones del país tienen una importancia fundamental, tanto desde el punto de vista de su población como de su capacidad productiva. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las regiones con mayor población en Perú, excluyendo Lima, son: Piura, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín, Lambayeque, Puno, Áncash y Callao, todas con una población significativa que representa a millones de peruanos. Estas regiones no solo tienen el derecho, sino también la capacidad de influir en las decisiones que afectan su futuro.

Sin embargo, aún seguimos enfrentando un modelo político que, en la práctica, se percibe centralizado y que no refleja la diversidad y las necesidades particulares de estas regiones. El movimiento regional se presenta como una de las respuestas para garantizar que las decisiones políticas no se sientan impuestas desde Lima, sino que provengan de las comunidades mismas, basándose en sus prioridades, desafíos y fortalezas.

Si no sellamos la presencia activa de los empresarios, trabajadores y ciudadanos en las regiones, lo que vamos a tener es que los actores informales e ilegales, como los mineros ilegales, taladores de árboles ilegales y delincuentes, tomarán la delantera y pondrán a sus propios candidatos para seguir convirtiéndose en el nuevo poder político. Este escenario no solo pondría en riesgo la gobernanza legítima, sino que también podría socavar lo que queda de la institucionalidad del país y convertirlo en un territorio inviable.

El futuro de nuestro país no puede depender de actores que operan al margen de la ley. Necesitamos un liderazgo legítimo y comprometido con el bienestar de todos los peruanos, capaz de enfrentar la corrupción, la ilegalidad y los intereses particulares que han estado desmoronando la institucionalidad del país.

Un ejemplo claro de cómo el compromiso con las regiones no solo es positivo sino indispensable, lo encontramos en algunas empresas del sector minero, donde a pesar de los riesgos inherentes a la industria, han demostrado que trabajar de la mano con las comunidades en las zonas de influencia puede ser una fuente de desarrollo sostenible. Este modelo de relaciones cooperativas entre el sector privado y las comunidades debe extenderse a otros sectores productivos del país.

En este contexto, el empresariado debe jugar un papel más activo en la transformación política de Perú. Los accionistas de las empresas, que suelen tener una visión mucho más de largo plazo, deben entender que el bienestar del país depende de un modelo político inclusivo y de la justicia social. A diferencia de los CEO, que están enfocados en el corto plazo, el accionista debe ser un actor clave en la sostenibilidad de las instituciones políticas y económicas del país.

La presencia activa de empresarios, trabajadores y ciudadanos en las regiones es fundamental para que, en las próximas elecciones, no sean los representantes del dinero ilegal y la delincuencia quienes lleguen al poder. Necesitamos ciudadanos comprometidos con el país, que sean capaces de enfrentar la corrupción política y trabajar por un futuro justo, transparente y, sobre todo, viable a largo plazo.

Debemos potenciar la participación de las regiones y asegurar que, en lugar de más corrupción y desinformación, sean las comunidades locales las que tomen el control de su futuro. La política de arriba hacia abajo debe dar paso a una política basada en el compromiso ciudadano. Solo así podremos garantizar que Perú sea un país con un futuro próspero para todos.