El embrollo minero

Los próximos 60 días serán cruciales para el país: o involuciona por el desborde que representan los mineros no formales/ilegales/artesanales y demás eufemismos o se da un paso adelante en su inacabado proceso de formalización. 

El Gobierno y los mineros no formales saben que no les conviene una confrontación, ambos pierden, pero los segundos son los que tienen más que perder porque la legitimidad social que ostentan en ciertos sectores se irá desvaneciendo si emplean la violencia. Tengan presente que las personas temen más al caos y la anarquía que a un Gobierno autoritario, y el que encabeza Dina Boluarte no es precisamente un Gobierno decidido a jugársela para imponer el estado de derecho, porque ello siempre implicará un costo.

Por su parte, los mineros no formales deberían ser conscientes de que cada vez que ocupan las carreteras generan perjuicios al resto de la ciudadanía, violan el derecho al libre tránsito, encarecen los productos de primera necesidad en las ciudades, hacen que escasee el combustible y que los precios se disparen porque estos mineros desean que se les autorice a seguir contaminando, exonerándolos de cumplir la más mínima norma ambiental. Tampoco respetan derecho laboral alguno; siendo la minería una actividad de riesgo deberían contratar un seguro para sus trabajadores y, por supuesto, pagar un tributo por el aprovechamiento que hacen del territorio.

Por otro lado, tenemos a los mineros formales, a quienes se les pide todo tipo de requisitos e inclusive se les expone al riesgo de que sus concesiones sean invadidas por los mineros ilegales. El tiempo que le toma a un minero formal poner en valor un yacimiento puede ser de más de 20 años.  En cambio, un minero ilegal simplemente ingresa a una concesión, se instala y empieza a explotar; esto no es tolerable. El Gobierno tiene que brindar seguridad y ordenar la desocupación de quienes invaden una concesión que cuenta con un titular formal. Puede concederles a los mineros ilegales la posibilidad de acceder a otra concesión cuyo titular sea el Estado, pero hasta allí nomás. 

Se sabe que el Gobierno debe tomar una decisión que le permita superar el trance que representa un posible desborde financiado por mineros no formales, y las cartas ya están sobre la mesa, pero deben abrir el abanico de opciones. Primero, autorizar el desarrollo de las exploraciones, construcción e inicio de operaciones de los mineros formales en cada uno de sus proyectos y, en simultáneo, establecer un control concurrente para verificar el cumplimiento de los compromisos socio-ambientales.  De esta manera, se evita que, mientras la burocracia decide otorgar una autorización –tarde, mal y nunca– algún ilegal ingrese a una concesión.

Segundo, el Gobierno debe negociar condiciones mínimas con los mineros no formales: a) rechazo a la ocupación ilegal de concesiones, b) deslinde con la criminalidad, c) seguro para sus trabajadores, d) contribución inicial al Estado. A cambio, podrán continuar con sus operaciones.

El estado de derecho está siendo vulnerado por una realidad de hecho que tiene que ser encauzada para que retorne al redil en el menor tiempo posible.