La campaña de criminalización contra los ciudadanos

La presente no es una columna destinada a detallar periodísticamente los terribles sucesos que convulsionan a España. Tampoco busca contextualizar las marchas espontáneas que miles de ciudadanos han llevado a cabo para frenar un problema de gran magnitud que afecta a la sociedad y compromete directamente al Estado español.

No se trata, en esta ocasión, de la alta criminalidad asociada a la inmigración descontrolada incentivada por Pedro Sánchez. El foco está en la estigmatización, e incluso criminalización, de ciudadanos españoles inocentes por parte de medios de comunicación serviles al gobierno.

Esta semana, el pequeño pueblo de Torre Pacheco, en la provincia de Murcia, fue epicentro de un escándalo mediático. Lo que comenzó como un incidente vecinal escaló rápidamente y desató la indignación de todo un país. Aquello que ciertos medios calificaron como un “episodio de violencia xenófoba” fue, en realidad, una protesta espontánea de vecinos preocupados por la creciente inseguridad, respaldados por otros españoles que llegaron a la zona a expresar su apoyo.

Durante los últimos años, la situación de seguridad en España se ha deteriorado gravemente. Circulan numerosos videos de diferentes comunidades, desde Madrid hasta Barcelona, pasando por Melilla y Murcia, que muestran un panorama preocupante. Millones de españoles temen salir a las calles, muchas de las cuales, denuncian, han sido tomadas por personas de mal vivir, mayoritariamente extranjeras, que no han mostrado intención de integrarse ni de contribuir a la sociedad. Al contrario, da la impresión de que buscan desestabilizarla.

Frente a esta ola delictiva —que incluye robos a mano armada, secuestros e incluso violaciones— lo esperable en cualquier país serio sería una reacción firme por parte de la policía. Sin embargo, abundan las quejas sobre la inacción de fuerzas como la Guardia Civil, que en muchos casos ignoran las llamadas de auxilio de los vecinos. En situaciones extremas, incluso se ha visto a agentes protegiendo a los delincuentes para evitar linchamientos, y cuando se logra una detención, los criminales suelen ser liberados en cuestión de horas o días. Es el colmo.

Tal vez el ejemplo más claro de que España vive un “mundo al revés” es lo ocurrido en Torre Pacheco. La indignación estalló tras las denuncias en redes sociales sobre el linchamiento de dos vecinos españoles a manos de migrantes del norte de África. Ante la falta de respuesta de las autoridades, se convocaron marchas masivas que, al enfrentarse con grupos de migrantes, derivaron en episodios violentos.

Pero lo más indignante no fueron los choques en las calles, sino el trato que dieron los medios de comunicación a los manifestantes. Diarios como El País o La Vanguardia titularon con frases como “marchas xenófobas de extrema derecha” o “radicales ultranacionalistas contra la diversidad”. En tanto, cadenas televisivas como RTVE o La Sexta enviaron reporteros que, en plena transmisión, se referían a los vecinos como “radicales”. Ante los abucheos y reclamos de los ciudadanos estigmatizados, muchos periodistas tuvieron que retirarse para poder transmitir con calma.

Como es habitual, la policía brilló por su ausencia. En lugar de proteger a los vecinos, se dedicó a custodiar a los periodistas e incluso agredir a quienes pagaban sus salarios mediante impuestos. Figuras opositoras como el periodista Vito Quiles o el activista Daniel Desocupa fueron impedidas de ingresar al pueblo, bajo el pretexto de “razones de seguridad”. Sin embargo, quienes realmente alteraron el orden no fueron ellos, sino los medios que tergiversaron los hechos.

Este panorama es preocupante. Hace solo unos meses, medios afines al gobierno también fueron expulsados de Valencia por distorsionar la cobertura de las inundaciones. Si esto ocurre en un país de la Unión Europea, ¿qué se puede esperar en otros lugares donde hay aún menos garantías para la libertad de expresión?

Lamentablemente, gran parte de la prensa está alineada con los políticos de turno. Estos últimos son los que diseñan el discurso oficial, el que quieren imponer, incluso si eso implica estigmatizar o criminalizar a ciudadanos que solo expresan su descontento.

Sin embargo, estamos entrando en una nueva era: una donde el debate público es más abierto, los relatos se contrastan y cada vez más voces se hacen escuchar. Me refiero, por supuesto, a las redes sociales, espacios donde confluyen opiniones diversas. Quienes las acusan de ser “focos de desinformación” o “plataformas de radicalismo” suelen ser los mismos que buscan censurarlas. Usan el combate a la desinformación como excusa, pero su verdadero objetivo es controlar la narrativa.

Esos políticos que intentan dominar las redes no toleran la disidencia ni la exposición de sus errores. Hay que estar alerta. A pocos meses de nuevas elecciones, debemos tener presente que hay muchos candidatos con mucho que ocultar. Son estos personajes los que podrían replicar medidas de otros países, como restringir o censurar las redes sociales.

El precio de la libertad es su vigilancia constante. Ya sea en Perú, en España o en cualquier otra parte del mundo.