El Congreso y las responsabilidades frente a la minería ilegal

Luego del Foro Mundial de APEC, el Congreso de la República deberá asumir sus responsabilidades frente al avance de la minería ilegal, que no solo amenaza a la minería moderna sino que también constituye una grave tendencia que destruye el Estado de derecho y organiza un estado fallido en el Perú. 

¿Una exageración? De ninguna manera. En la provincia de Pataz, en La Libertad, por ejemplo, el Estado de emergencia –es decir, la presencia de las propias Fuerzas Armadas– no ha evitado que todas las instituciones del Estado colapsen frente al avance de la minería ilegal: ni las Fuerzas Armadas, ni la policía nacional (PNP), ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, ni el gobierno regional ni el gobierno central logran evitar que se movilicen alrededor de 12,000 camiones anuales que transportan el mineral ilegal extraído de las concesiones de las minas modernas, que preservan el medio ambiente, pagan impuestos y generan empleo formal.

Y lo más grave de todo es que la declaratoria del estado de emergencia en la provincia de Pataz tampoco ha evitado que los mineros ilegales se alíen –y luego cedan posiciones– con el crimen organizado internacional que, a través de diversas bandas y pistoleros, se ha convertido en el brazo armado de la ilegalidad. El saldo fatal de los pistoleros es de 10 trabajadores asesinados, más de 23 heridos y diez de torres de alta tensión derribadas.

Sucede que una gran parte de los mineros ilegales en Pataz encuentra protección ilegal por su condición de inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo, del sector de Energía y Minas). Este registro les otorga protección penal frente a los delitos que implica el desarrollo de la minería ilegal. Sin embargo, como todos sabemos la formalización minera representa un verdadero fracaso del Estado. Por ejemplo, en los 22 años de vigencia del Reinfo, de un total de 87,082 inscritos, algo más de 11,000 registrados han logrado su formalización. No obstante, el 83% de los inscritos está en condición de suspendido, el 64% ocupa concesiones de terceros y el 92% no tiene la titularidad de los predios que explota.

¿Cómo se define un minero ilegal? Es aquel que desarrolla minería sobre concesiones de empresas formales que preservan el medio ambiente, pagan impuestos y generan empleo formal; e igualmente, es aquel que desarrolla minería ilegal sobre zonas reservadas y parques nacionales.

El fracaso de la formalización ha permitido que la minería ilegal se revista de un discurso social a favor de “los pequeños mineros excluidos por los grandes” y se proponga financiar a todos los proyectos políticos antisistema; es decir, a todos los proyectos que pretenden violentar los derechos de propiedad. Sobre esta base la minería ilegal avanza en el corredor vial del sur, en Cajamarca, Apurímac y varias regiones del país.

Por todas estas consideraciones la primera decisión del Congreso debería ser el tipificar penalmente a los mineros ilegales que ocupan concesiones y establecer la interdicción general del Estado sobre estas actividades ilícitas. Sobre esa decisión se debería avanzar en la discusión de la nueva ley de pequeña minería y minería artesanal (ley MAPE) y organizar un nuevo proceso de formalización minera.

Si el Congreso no levanta la protección penal con que cuentan los mineros ilegales por el fracaso de la formalización minera desde dos décadas atrás, entonces, estará renunciando a enfrentar una de las causas del actual desborde de la ola criminal que nos lleva a crear zonas liberadas de la Constitución y la ley y a organizar un Estado fallido.