Detengamos la “segunda reforma agraria colectivista”

Cuando candidatos antisistema como Yonhy Lescano y Verónika Mendoza, demonizan las inversiones agroexportadoras y “denuncian la explotación de los trabajadores”, generalmente culminan en un mensaje a favor de una segunda reforma agraria. Es decir, reivindican la primera reforma agraria velasquista, que arruinó el Perú y destruyó la economía y la sociedad por tres décadas. Y que convirtió al país en importador de papas y azúcar, y en pionero en América Latina en las colas por el arroz y el pan racionados. 

Sin embargo, vale señalar que la llamada “segunda reforma agraria” de los candidatos antisistema ya está en marcha: la nueva ley agraria derogó la Ley de Promoción Agraria (ley 27360) y elimina, de manera gradual, el régimen tributario que posibilitó en este sector inversiones de US$ 20,000 millones en dos décadas. Vale recordar que el régimen tributario anterior hacía posibles nuevos emprendimientos y constantes reinversiones, a tal punto que durante la pandemia y la emergencia, el sector agroexportador es el único que sigue creciendo. 

La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, entonces, es una barbaridad que cualquier nuevo Congreso debe corregir en el acto. Es decir, se debe derogar la actual ley agraria colectivista y restablecer la vigencia permanente de la Ley de Promoción Agraria porque los resultados son incuestionables: más de US$ 65,000 millones en divisas, reducción de pobreza en el agro de 81% a 30% de la población rural, más de un millón de empleos formales e incremento de la formalidad en 20%.

Mantener la ley agraria y anti inversión, pues, sería un verdadero crimen social. Otra de las barbaridades de la ley agraria colectivista es la creación de una remuneración especial para el agro (RMV) –superior a la remuneración mínima nacional– que destruirá a las pymes agrarias que participan en las cadenas agroexportadoras. La RMV especial del agro se aprobó por ley, sin considerar el diálogo tripartito en el Consejo Nacional del Trabajo y sin considerar la productividad y la posibilidad de las empresas.

Pero eso no es todo. La ley agraria colectivista establece sistemas preferenciales de contratación de trabajadores –en caso de sumarse varios contratos entre el mismo trabajador y la misma empresa– y promueve la negociación laboral colectiva por rama. Semejantes barbaries ideológicas lo que buscan es establecer una estabilidad laboral velada y acabar con la temporalidad de los contratos agrarios, una de las claves para explicar el boom agroexportador de las últimas dos décadas. Y una de las claves que explica el empleo pleno y de calidad en los países desarrollados.

Como todos sabemos, los contratos agrarios, hasta antes de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, eran temporales, de acuerdo a la estacionalidad de la actividad agraria: siembra, mantenimiento y cosechas. Por ejemplo, algunas agroexportadoras solían contratar entre 10,000 y 25,000 trabajadores por temporada.

¿Qué va a suceder con los sistemas de contratos preferenciales y las negociaciones colectivas que promueven el Ejecutivo y el Congreso en los nuevos contratos laborales agrarios? Ante la posibilidad de establecerse un sistema de estabilidad laboral velada, las grandes empresas comprarán maquinarias para reemplazar a los trabajadores y las pequeñas empresas, simplemente, quebrarán.

Cuando el Congreso derogó la Ley de Promoción Agraria lo hizo casi actuando como un soviet: minorías radicalizadas habían tomado carreteras y cercado empresas agrarias ante el abandono del Ejecutivo del principio de autoridad, mientras la mesa directiva del Legislativo alentaba la derogatoria de la mejor ley económica de las últimas dos décadas. 

Por todas estas consideraciones, uno de los primeros actos del nuevo Congreso, a instalarse el próximo 28 de julio, debe ser derogar la ley agraria colectivista del Congreso y el Ejecutivo interinos actuales y restablecer la vigencia permanente de la Ley de Promoción Agraria.