Culmina el año y no hay nueva ley de promoción agraria

¿Por qué la mayoría de las bancadas legislativas que tuvieron claridad para enfrentar el golpe fallido de Pedro Castillo no aprueban una nueva ley de promoción agraria para formalizar el sector y fomentar inversiones en agroexportaciones? No hay explicación racional a menos que los señalados grupos parlamentarios se hayan comprado el relato progresista y neocomunista acerca de que la agroexportación y la agricultura moderna representan la llegada de “nuevos barones del azúcar”. Si fuese así, estamos desarmados legislativamente hasta que se instale el nuevo Congreso.

La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) ha significado un durísimo golpe para el boom agroexportador del país. Se calcula que desde la derogatoria de esta norma se han perdido inversiones en alrededor de 30,000 hectáreas y cada mes se pierden cerca de 100,000 empleos formales. Si bien las agroexportaciones seguirán creciendo este año sobrepasando los US$ 10,000 millones en envíos al exterior todo se explica por la inercia de las inversiones anteriores. No hay nuevas inversiones en el sector.

Vale anotar que, durante las dos décadas de vigencia de la Ley de Promoción Agraria –al lado de la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio– las agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones, se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y el empleo formal agrario se incrementó de 460,000 (entre directos e indirectos) a más de un millón de la actualidad y la pobreza en las regiones agrarias bajó muy debajo del promedio nacional.

Pero eso no es todo. El milagro agroexportador se desarrolló en 250,000 hectáreas; es decir, en apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura, mientras que el 95% restante está conducido por minifundistas de menos de cinco hectáreas. Fernando Cilloniz, empresario agroexportador, en este portal ha señalado que el Perú tiene la potencialidad de ganar un millón de hectáreas a los desiertos de la costa y convertirlos en verdaderos oasis de agroexportaciones y prosperidad. Si bien una idea de ese tipo solo puede materializarse en el mediano y largo plazo es necesario visualizar el potencial de las agroexportaciones para entender la tragedia que representa las dudas del Legislativo con respecto a sancionar una nueva ley de promoción agraria.

Semejante posibilidad de inversiones en agroexportaciones implicaría el avance del Perú hacia el desarrollo, la creación de nuevas ciudades y nuevos espacios urbanos a lo largo del país, el surgimiento de una clase media agraria que engrosaría la mesocracia a más de la mitad de la sociedad. Por otro lado, la demanda de ciencias e investigaciones agrarias y biológicas exigiría un nuevo tipo de universidad, centros de investigación y, por supuesto, el surgimiento de una manufactura de maquinaria y servicios para las regiones agroexportadoras.

Sin embargo, es imposible el sueño agroexportador si es que no se aprueba una nueva ley de promoción agraria que establezca un régimen de flexibilidad laboral en los contratos de trabajo. ¿Por qué? La idea de la estabilidad laboral y de la promoción de sindicatos en el sector agrario es incompatible en el sector agrario si se trata de promover la inversión privada. El motivo: los ciclos agrarios tienen principio y fin, son procesos cerrados. Por ejemplo, la época de siembra, la época de mantenimiento y cosecha. Con el pleno respeto de todos sus derechos sociales y laborales las empresas llegaban a contratar hasta 15,000 trabajadores para la época de siembra. ¿Cómo una empresa podría generar tanto empleo formal sin la flexibilidad laboral que existía en la derogada ley de Promoción Agraria? Parece imposible.

Por otro lado, las inversiones agroexportadoras lidian con seres vivos (frutas y legumbres) que enfrentan plagas y contingencias climáticas. Asimismo, las plantaciones y cultivos demandan inversiones hidráulicas costosas y demoran varios años en alcanzar la rentabilidad. Por todas estas razones la promoción de inversiones en la agricultura moderna requiere un régimen tributario promocional.

Es evidente, pues, que si el Congreso no aprueba una ley de promoción agraria se pone de espaldas al país.