Concesiones evitan deforestación en la Amazonía

Investigaciones realizadas por Carlos Cabrejos, experto en temas forestales, señalan que la mayor pérdida de bosques en la selva amazónica se concentra en las áreas donde no se otorgan concesiones. Según los reportes institucionales analizados por Cabrejos, se perdieron en 2019 un total de 148,426 hectáreas forestales. La mayor parte de este proceso de deforestación corresponde a bosques sin concesiones o sin derechos de propiedad.

Según las investigaciones de Cabrejos, entre 2001 y 2015, se otorgaron 36,183 concesiones sobre un total de 8.01 millones de hectáreas. Según el reporte “La conservación de bosques en el Perú”, del sector Ambiente (Minam), del 2001 al 2014 se acumularon pérdidas de 1.65 millones de hectáreas, y solo el 8% de esa pérdida corresponde a bosques concesionados o con derechos de propiedad. La conclusión es evidente: si pretendemos proteger nuestros bosques y la Amazonía de la creciente deforestación, entonces tenemos que promover las concesiones, entregar derechos de propiedad a las comunidades nativas y, sobre esta realidad, promover el imperio de la ley en las áreas forestales. 

Para Cabrejos –con las informaciones publicadas por Geo Serfor, Geo Bosques, SIGO Osinfor, Geo Loreto, Geo Ucayali y Geo San Martín; y publicaciones como Forest, de USAID– “las evidencias muestran que si se otorgan concesiones o títulos de propiedad, se ejerce custodia y la deforestación se reduce”. Así también, el investigador cuestiona la manera en la que el Minam evalúa las pérdidas de los bosques, considerando solamente los bosques amazónicos, dejando de lado los bosques de la sierra. 

Las oenegés vinculadas al radicalismo ambiental demonizan las actividades de producción relacionadas con los árboles y sus derivados. Señalan que la madera procedente de Perú es de origen dudoso –de tala ilegal o contrabando–, obstaculizando así la comercialización de los productos nacionales. La izquierda desarrolla relatos fuera de la realidad, y sin una mínima reacción de las autoridades nacionales y regionales. El objetivo es crear imágenes negativas del país y de los productores forestales locales. Sin embargo, el radicalismo ecológico no se pronuncia sobre la creciente criminalidad en la Amazonía: terrorismo senderista, tala ilegal, contrabando de madera, narcotráfico y tráfico de terrenos. 

En la Amazonía las posiciones de izquierda y los radicalismos ecológicos perpetúan la pobreza en las comunidades nativas y los pueblos de la selva. Las exportaciones forestales del Perú apenas llegan a los US$ 150 millones, mientras que las exportaciones chilenas sobrepasan los US$ 6,000 millones. Esta abismal diferencia se produce no obstante que nuestro país tiene más de 10 millones de hectáreas forestales y el país del sur solo 2.5 millones.

La diferencia, pues, reside en los derechos de propiedad, el imperio del Estado de derecho y la política de promoción de inversiones. Diversos estudios señalan que, en el mediano plazo, el Perú estaría en condiciones de incrementar en 30 veces sus exportaciones forestales, que llegarían a sumar US$ 4,500 millones.

Es evidente, pues, que el libreto anti inversión de las izquierdas y los radicalismos se multiplica en todos los sectores. Desde la minería, pasando por las agroexportaciones, hasta las inversiones forestales. El objetivo es uno solo: bloquear inversiones, evitar mayores niveles de crecimiento para aumentar la pobreza y crear desesperación en la ciudadanía. Si el Perú se convierte en una fábrica de pobres, el discurso comunista y colectivista tendría cierta viabilidad. De allí la enorme importancia de otorgar concesiones, titular la propiedad de las comunidades nativas y restablecer el imperio del derecho en la Amazonía.