El silencio electoral y la crisis de representación en el Perú

A tres meses de las elecciones generales, el proceso electoral peruano se desarrolla en un contexto que puede calificarse, desde una perspectiva jurídico-constitucional, como una patología de la deliberación democrática. Si bien las condiciones formales del sufragio se mantienen pluralidad de candidaturas, cronograma electoral y órganos competentes en funcionamiento, el elemento sustantivo de la democracia representativa se encuentra debilitado: la formación libre, informada y racional de la voluntad popular.

Los resultados de la más reciente encuesta nacional de Datum (enero de 2026) revelan un dato particularmente preocupante: solo el 12% del electorado ha elegido a su candidato, mientras que un 73% permanece indeciso, el 77% no ha buscado información política y el 60% admite estar poco o nada informado. Estas cifras no describen únicamente un fenómeno sociológico de desafección política, sino un problema estructural que impacta directamente en la legitimidad democrática del proceso.

Desde el derecho constitucional, la elección no se agota en el acto de votar. Como ha sostenido reiteradamente la teoría democrática deliberativa, el sufragio es la culminación de un proceso previo de discusión pública, contraste de programas y evaluación de trayectorias. Cuando dicho proceso se vacía de contenido, el voto pierde su carácter racional y se transforma en una decisión reactiva, emocional o meramente instrumental. En este sentido, el actual escenario puede describirse como un “silencio de campana electoral”: no hay prohibición legal de debatir, pero existe una ausencia fáctica de deliberación.

Este vacío se produce, además, en un contexto regional marcado por la expansión de liderazgos de corte autoritario. En el caso peruano, resulta jurídicamente relevante que un 51% de los encuestados considere deseable un presidente “similar a Nayib Bukele”. Este dato evidencia una tensión entre dos principios fundamentales: la demanda de eficacia inmediata en el ejercicio del poder y el respeto a los límites constitucionales, al control interinstitucional y a los derechos fundamentales.

La preferencia por figuras asociadas al orden y al control no es, en sí misma, inconstitucional. El problema surge cuando dicha preferencia no es el resultado de un análisis informado de programas y consecuencias jurídicas, sino de una desafección generalizada hacia el sistema representativo. En ese escenario, el principio democrático corre el riesgo de reducirse a su dimensión procedimental, despojándose de su contenido sustantivo.

A ello se suma la erosión del sistema de representación política. Las candidaturas con mayor reconocimiento público enfrentan elevados niveles de rechazo, configurando un fenómeno de antivoto que bloquea la competencia programática. La figura de Vladimir Cerrón resulta ilustrativa en tanto concentra un rechazo transversal que no responde únicamente a propuestas concretas, sino a una percepción acumulada de ineficacia, conflictividad y desgaste institucional. La elección deja así de ser una comparación racional de alternativas y se convierte en un mecanismo de exclusión simbólica.

Desde una perspectiva jurídica, el mayor riesgo radica en que una decisión electoral adoptada sin deliberación debilita el principio de responsabilidad política. Cuando el elector no evalúa, no compara y no exige, el vínculo entre mandato y control se rompe. El poder se legitima formalmente, pero carece de un respaldo racional que permita exigir coherencia, rendición de cuentas y respeto al orden constitucional.

En este contexto, el silencio electoral no es neutro. Constituye una antesala peligrosa para la democracia constitucional, en la que el poder se asigna sin reflexión y las consecuencias jurídicas, institucionales y sociales se enfrentan posteriormente. La advertencia es clara: sin deliberación, la democracia persiste en la forma, pero se vacía en el fondo.