Cuando gobernar en las sombras debilita al Estado

El llamado “Chifagate” ha vuelto a evidenciar una constante en la política peruana: el ejercicio informal del poder. El presidente interino José Jerí –quien asumió el cargo tras la caída de Dina Boluarte, como una supuesta alternativa de transición ordenada– hoy enfrenta cuestionamientos que no solo son políticos, sino también jurídicos y éticos. No se trata de un escándalo menor, sino de una señal preocupante sobre cómo se gobierna el país.

Desde el punto de vista del derecho, lo primero que debe aclararse es que no toda conducta irregular constituye automáticamente un delito penal. El Estado de derecho exige distinguir entre responsabilidad penal, administrativa y política. En el caso del Chifagate, el núcleo del problema no está aún en una sentencia penal, sino en la posible infracción de deberes funcionales básicos: transparencia, registro oficial de actividades y sujeción a los principios de publicidad y probidad en la función pública.

El ordenamiento jurídico peruano establece que los altos funcionarios del Estado están obligados a actuar de manera trazable y verificable. Reuniones no registradas, realizadas en horarios inusuales y fuera de los canales institucionales, pueden configurar infracciones administrativas graves y, dependiendo de su finalidad, abrir la puerta a delitos como tráfico de influencias o negociación incompatible. Aunque estos extremos deben ser probados, la sola opacidad ya constituye un problema jurídico relevante.

Más allá del derecho penal, existe una dimensión clave: la responsabilidad política. En una democracia, la legitimidad del poder no se sostiene únicamente en la legalidad formal, sino también en la confianza ciudadana. Cuando un presidente actúa de manera clandestina, incluso sin condena judicial, debilita esa confianza y erosiona la autoridad moral del cargo. La forma también es fondo: cómo se ejerce el poder importa tanto como las decisiones que se toman.

Ante este escenario, muchos plantean la vacancia presidencial como solución inmediata. No obstante, esta salida debe analizarse con cautela. El Perú atraviesa una crisis política prolongada, y una nueva vacancia podría generar una inestabilidad innecesaria. La experiencia reciente demuestra que el reemplazo de un presidente no asegura un cambio real en las prácticas de gobierno. Quien llegue después no ofrece, por sí mismo, garantías de mayor idoneidad o ética pública.

José Jerí llegó al poder prometiendo orden y moderación. Hoy, los hechos indican que ha reproducido las mismas conductas que la ciudadanía rechaza desde hace años. Esto no justifica su permanencia sin control, pero sí exige una respuesta institucional más madura que la simple destitución. El Estado debe investigar, fiscalizar y sancionar conforme a derecho, no reaccionar por impulso político.

La posición que debería asumir el gobierno y el Congreso es clara: transparencia absoluta, investigación sin blindajes y rendición de cuentas. El presidente tiene la obligación política y moral de explicar sus actos y colaborar con las autoridades. Gobernar no es operar en la informalidad, sino someterse a reglas claras.

En conclusión, el Chifagate revela que el problema no es solo quién gobierna, sino cómo se ejerce el poder. Más que una vacancia apresurada, el país necesita instituciones firmes, controles efectivos y una ciudadanía que exija legalidad y ética como condiciones mínimas del gobierno democrático.