Dejar atrás el populismo y el uso del Estado como botín

Durante los últimos años de inestabilidad política y sucesivas vacancias presidenciales, el país ha terminado por normalizar un régimen híbrido. En él conviven una economía relativamente estable, con baja inflación, moneda sólida, un BCR creíble y apertura comercial, con el progresivo eclipse del MEF, la institucionalidad y la meritocracia. A ello se suma un populismo congresal que impulsa leyes que perforan el equilibrio fiscal o protegen, directa o indirectamente, al crimen organizado. Dada la fragmentación electoral, el 2026 podría prolongar este modelo, ya sea porque resulta difícil desmontarlo o porque el presidente electo no cuente con mayoría propia en el Congreso, o incluso porque elijamos a un líder disruptivo o poco capaz. En el 2026 nos jugamos el futuro, y el electorado tiene la última palabra.

Algunos sostienen que bastaría con que un candidato “no tan malo” como Castillo o Boluarte gane las elecciones del 2026 y logre transitar cinco años sin causar mayores daños. Bajo esta lógica, a partir del 2031 podríamos recuperar el rumbo, hacer las reformas pendientes y volver a crecer de manera sostenida. Resulta curioso asumir que aquello que no seríamos capaces de hacer en el 2026, elegir bien, sí podríamos hacerlo en el 2031. Esta apuesta es riesgosa y merece ser examinada con mayor cuidado.

Por un lado, la economía resiste gracias al buen manejo del BCR y a términos de intercambio favorables, con precios de los minerales en niveles históricamente altos, lo que genera ingresos fiscales transitorios. Por otro lado, esa misma abundancia alimenta el populismo legislativo y permite que los gobiernos subnacionales dilapiden recursos en obras que no reducen brechas sociales. Al mismo tiempo, los elevados precios del oro potencian la minería ilegal y su penetración en los poderes del Estado. Suponer que, tras la aprobación de 101 leyes con un costo fiscal futuro de 36 mil millones de soles, la fortaleza macroeconómica podrá soportar cinco años adicionales de desorden populista y captura del poder por economías ilegales resulta, cuando menos, ilusorio. Por el contrario, todo indica que el próximo gobierno enfrentará la necesidad de un ajuste fiscal temprano.

Se ha normalizado un modo de gobernar que persiste pese a la ausencia de resultados. Ante cada crisis que llega a las primeras planas, se declaran emergencias, se cambian autoridades, se renombran entidades o se dictan leyes ad hoc. Poco tiempo después, el tema desaparece de la agenda mediática y política, y todo continúa igual. La improvisación se ha vuelto rutina.

Los políticos se han habituado a salir del paso con promesas vacías, en lugar de atacar las raíces de los problemas, aun cuando ello demande muchos años y el esfuerzo de varios gobiernos sucesivos. Frente a este modus operandi, la ciudadanía tiene la capacidad de marcar un quiebre y exigir una gestión orientada a resultados concretos y verificables.

En la primera década del siglo, las narrativas dominantes fueron las cuerdas separadas, el piloto automático y el chorreo. La pobreza se redujo gracias al crecimiento sostenido y a programas sociales de alivio, pero el chorreo nunca funcionó y la informalidad no cedió. Esta informalidad dominante opera, en la práctica, como una forma de redistribución de facto, al margen de las leyes y los canales formales. Además, el chorreo es inviable cuando el Estado carece de capacidad para gestionar adecuadamente el gasto público.

Este fenómeno se conecta con la captura del botín estatal por los gobernantes de turno, encubierta en un proceso de descentralización que transfiere enormes recursos a gobiernos subnacionales. El resultado son obras de servicios básicos abandonadas o paralizadas. El ideal descentralizador ha terminado sirviendo para institucionalizar el saqueo del Estado a nivel regional y local.

Los malos manejos no se limitan a los gobiernos subnacionales. Se han extendido a entidades como EsSalud, Petroperú, el INPE y Provías, así como a sectores clave como Salud y Transportes, entre otros. La lista es larga y conocida.

En conclusión, un líder político debe generar esperanza e irradiar optimismo para que las fortalezas de los peruanos alcancen su verdadero potencial. Pero ello no basta. Se requiere una dosis significativa de realismo, conocimiento técnico y un equipo de gobierno sólido y competente.

Un país tan rico en recursos mineros, agrarios y pesqueros como el nuestro necesita atraer inversión privada, promover asociaciones público-privadas y desarrollar capital humano y físico para crecer a tasas superiores al 7 % anual de manera sostenida durante décadas.

El equilibrio fiscal es necesario, pero no suficiente. Es indispensable reformar la gestión pública, corregir los errores de la descentralización y sancionar las malas prácticas del Estado botín. Los problemas nacionales no se resuelven solos. Se requiere adoptar políticas de Estado, blindadas constitucionalmente frente a la injerencia política, y ejecutarlas sin pausas durante varios gobiernos consecutivos, con recursos, capacidades y meritocracia.