El costo de salvar a PetroPerú

En el Perú, donde la institucionalidad ha sido constantemente tensionada, una reciente acción legal del Colegio de Abogados de Arequipa (CAA) ha encendido una alerta nacional. El gremio ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia N.º 013-2024, norma que autoriza hasta US$ 1500 millones en avales y capital para Petroperú. El argumento oficial: evitar una supuesta crisis de abastecimiento energético. El argumento del CAA: la urgencia es simulada y se vulneran principios constitucionales esenciales.

El decreto fue refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas y la Presidencia de la República. Sin embargo, el contenido del DU revela disposiciones que extienden su vigencia hasta 2029, permiten vender activos sin tasación previa y destinan recursos sin control parlamentario, beneficiando únicamente a Petroperú. Todo esto, según el CAA, viola cinco principios establecidos por la jurisprudencia del TC: excepcionalidad, necesidad, conexidad, transitoriedad y generalidad.

El punto más crítico es que los informes que revelaban el colapso financiero de Petroperú eran públicos desde años atrás. Por tanto, la urgencia invocada no es real ni imprevisible. Se trata, más bien, de una política fiscal encubierta como emergencia. Así, el decreto no solo evade el debate democrático, sino que también distorsiona el uso de fondos públicos en favor de una empresa cuestionada por su ineficiencia y falta de transparencia.

La demanda recuerda que en 2024 el Estado perdió más de S/ 24 000 millones por corrupción e ineficiencia, de los cuales Petroperú representa una parte importante: ha recibido más de S/ 4 000 millones desde 2020 y cerró 2023 con pérdidas superiores a S/ 800 millones. Esa cantidad habría podido financiar más de 250 hospitales, 300 escuelas modernas o hasta 8000 kilómetros de carreteras en zonas vulnerables del país.

Lo que está en juego, por tanto, va más allá de un salvataje financiero. Es el modelo de gestión pública y la salud del control democrático. Organizaciones civiles de Arequipa y Moquegua se han sumado como amici curiae, argumentando que la caída de Petroperú no compromete el abastecimiento energético del sur, que hoy depende principalmente de operadores privados.

Finalmente, el CAA ha recordado que los ministros que refrendan decretos inconstitucionales incurren en responsabilidad política, según los artículos 120° y 128° de la Constitución. Y que el Congreso, al no fiscalizar, está abdicando de su función esencial.

El Tribunal Constitucional tiene ahora la oportunidad de frenar el abuso de los decretos de urgencia. Esta demanda regional, que podría parecer menor, se convierte en una exigencia nacional: respetar la Constitución, fortalecer la democracia y poner fin al gasto público sin control. En palabras del propio CAA: “Cada sol que salva a Petroperú es una posta sin medicinas y una carretera sin mantenimiento”.