¡Una política de Estado para enfrentar la minería ilegal!

El Perú necesita una política de Estado en contra de la minería ilegal si se pretende preservar el Estado de derecho y evitar un problema de seguridad hemisférica. Con el precio de la onza de oro sobre los US$ 4,500 y la libra de cobre encima de los US$ 6.5, si no hay Constitución, ley y orden público, entonces el país avanza a reeditar otra versión de un Estado fallido, tal como sucedió en los años ochenta.

Aquí no hay posibilidad de grises. O como se suele decir en el argot popular, no existen posibilidades de dorar píldora alguna. Si el Estado de derecho no moviliza a las fuerzas de seguridad para contener el avance de la minería ilegal todos los cárteles del crimen mundial serán notificados acerca de que en el Perú existe un negocio viable. Y ya sabemos lo que sucede cuando los cárteles controlan una región.

He allí el porqué el país debe tener una política de Estado en contra de la minería ilegal, que avanza en siete regiones y desata la violencia y sus circuitos ilegales con el oro en la provincia de Pataz en La Libertad. Y con el cobre en el corredor minero del sur, en donde se produce cerca del 40% de la producción nacional de este metal.

En ese sentido, el Perú no puede tolerar una sexta ampliación del llamado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del sector Energía y Minas, un registro provisional que se ha convertido en permanente con las sucesivas prórrogas de vigencia y que exonera de responsabilidades penales a quienes ejercen minería ilegal. De esta manera quienes invaden las concesiones de las empresas formales –que pagan impuestos, preservan el medio ambiente y generan empleo formal– no enfrentan las consecuencias penales de cometer el delito de minería ilegal.

Por otro lado, en el Perú existen alrededor de 357 plantas de beneficio de minerales, de las cuales 300 procesan minerales metálicos y el resto productos no metálicos. Es evidente, incuestionable, que un sector de estas plantas está procesando el producto ilícito que proviene de la minería ilegal, generando una producción que representa alrededor de US$ 12,000 millones en oro ilegal según las aproximaciones del IPE. 

¿Qué hace el Estado de derecho frente a esta realidad? Las referidas plantas están reguladas por el régimen de la pequeña minería y, por lo tanto, solo son fiscalizadas por los gobiernos regionales. He allí uno de los problemas más significativos.

Muy por el contrario, las empresas de la minería moderna formal no solo declaran sus ingresos ante la SUNAT, sino que están bajo la vigilancia de la Sunafil del Ministerio de Trabajo, de la OEFA del Ministerio de Ambiente, de Sucamec del Ministerio de Trabajo, de la Dirección General de Minería del sector Energía y Minas, del Ministerio de Agricultura, de Serfor, de la Autoridad Nacional del Agua entre otras entidades.

La lucha en contra de la minería ilegal, una actividad ilícita que mueve dos tercios del dinero total que movilizan las economías ilegales (narcotráfico, tala ilegal y trata de personas, entre otros), debe tener un mando centralizado bajo una política de Estado que unifique al Ejecutivo, a la policía nacional del Perú, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a otras entidades del Estado de derecho. Por este motivo, una reforma inmediata que debería formar parte de los decretos de urgencia o de los decretos legislativos a promulgarse –mediante delegación de facultades para legislar– es que las plantas de beneficio sean vigiladas por las mismas entidades que fiscalizan a la minería moderna y formal.

Una medida de este tipo revelaría que el gobierno ha decidido, como se dice, tomar el rábano por las hojas.