¡Una nueva ley de acuicultura!

La reciente noticia de que las exportaciones pesqueras en el año 2020 superaron los US$ 2,800 millones y equivalen al 7% de las exportaciones totales es un gran logro para el Perú, que atraviesa una de las peores crisis económicas en los últimos 10 años. Resulta evidente que nuestro país es uno de los líderes en la industria pesquera, y también lo puede ser en el sector acuícola. Sin embargo, desde las diversas administraciones apenas ven con claridad el potencial del sector, y hasta ahora no existe un marco normativo que permita el despegue. ¿A qué nos referimos? Lo explicamos.

En el 2017, el Ejecutivo publicó un conjunto de normas; entre ellas el Decreto Legislativo Nº1413, que incluía a la acuicultura en la aplicación del artículo 4 de la Ley N° 27360, Ley de Promoción del Sector Agrario.  Por sus similitudes, la acuicultura tenía todas las prerrogativas del sector agrario, entre ellas el incentivo del pago de 15% del Impuesto a la Renta.

Con la derogación de la Ley de Promoción Agraria por el Congreso populista, hace algunos meses, el sector acuícola se quedó huérfano y desde ahora tendrá que pagar el 29% del impuesto a la renta. Los números de los últimos años nos indican que, con los incentivos de la Ley de Promoción Agraria, la acuicultura había pasado de una cosecha de 115,000 toneladas métricas (TM) en 2014 a 143,000 TM en 2019. No solo eso, de los 10,000 puestos de trabajo que generaba en el 2014 pasó a crear más de 30,000 puestos formales. Asimismo, en la acuicultura, por sus características propias, el 40% de los empleados son mujeres.

No obstante, como dijimos, con la derogación de la Ley de Promoción Agraria la acuicultura se ha quedado sin ningún incentivo para continuar. Por dicha razón, el próximo gobierno que se instalará en julio debe –cuanto antes– diseñar una nueva ley de promoción de la acuicultura que otorgue reglas estables y que incluya incentivos para su desarrollo, así como una reducción de los trámites burocráticos.

Regiones como Piura, Lambayeque y Tumbes han quedado desprotegidas por el cambio en el régimen y las normativas. Y cabe recordar también que en el 2020 el volumen de exportaciones acuícolas en toneladas métricas cayó en alrededor del 16%,  por la crisis sanitaria.  Por ejemplo, cayó la demanda del langostino en el mercado internacional, uno de nuestros productos bandera. Es decir, un contexto adverso y un cambio de la normativa están, literalmente, ahogando la industria acuícola, que empezaba a ser competitiva; como lo es en Chile y Ecuador, países que tienen leyes que promocionan el sector con leyes tributarias a favor.  

El detalle es que mientras ello sucede –es decir, mientras la acuicultura se ha quedado sin ley que la promueva–, en el norte el radicalismo extremo ha aprovechado el momento para impulsar en el Congreso un proyecto que, con el cuento de que se protege a la maricultura (variante de la acuicultura), no se permitirá la convivencia con otros sectores productivos como el petrolero. Es decir, los ataques contra la inversión provienen de todos lados y con los más diversos y enrevesados argumentos.