La minería ilegal, el antisistema y el Estado de derecho

Durante los años cincuenta y sesenta las izquierdas comunistas y los populismos demagógicos en el Perú construyeron un sentido común que, de una u otra manera, preparó el camino de las expropiaciones velasquistas que empobrecieron al Perú por varias décadas. Ese sentido común sostenía que la concentración de la tierra en latifundios “era un sistema negativo de por sí”. Sobre esa base las corrientes comunistas alentaron las tomas de tierras y más tarde se materializarían las expropiaciones velasquistas.

El Perú en ese entonces tenía un PBI per cápita superior a países como Corea del Sur o de los llamados Tigres de Asia. Sin embargo, las expropiaciones derrumbaron el PBI en alrededor del 30% y empobreció a más de 60% de los peruanos. El sistema de latifundios en el Perú seguramente necesitaba reformas –sobre todo en el reconocimiento de derechos sociales de los trabajadores– pero de ninguna manera se justificaba la expropiación y la estatización. Hoy el 95% de la superficie agrícola del país es fuente de pobreza, de agricultura de sobrevivencia gracias a esas terribles narrativas del marxismo.

Algo parecido empieza a suceder con la osadía intelectual de quienes dicen que el sistema de propiedad minero ha creado “concesiones ociosas o no aprovechables”, con el objeto de justificar el asalto y las invasiones de las reservas probadas de las concesiones formales. La osadía de esta argumentación tiene el mismo cinismo de las propuestas que se presentaron durante el gobierno de Pedro Castillo, que proponían la nacionalización de los recursos naturales con el objeto de crear empresas estatales y multitud de pdvsas alrededor del cobre.

El cinismo es evidente y censurable, porque solo el 14% de la superficie nacional corresponde a concesiones mineras en el país. El resto es un mundo ancho y ajeno para explorar y desarrollar emprendimiento. Sin embargo, el asalto y las invasiones de los mineros ilegales solo se focaliza en el 10% de las reservas probadas de las concesiones formales. ¿No se trata acaso de legalizar y justificar la expropiación o el robo del trabajo y la inversión de otros?

De allí que el sistema político nacional y, sobre todo las bancadas legislativas del Congreso que pretenden contemporizar con las nuevas narrativas de la minería ilegal, se equivocan de principio a fin. En una fuerza o movimiento político antisistema que propone la instalación de una asamblea constituyente se puede entender la tolerancia con la minería ilegal. Finalmente, la legalización o justificación de los asaltos e invasiones de las concesiones formales no solo es el fin del sistema de propiedad minero, sino también de todo el sistema de propiedad sancionado por la Constitución de 1993, es el derrumbe del Estado de derecho, y de la instalación de una anarquía con contenido antisistema.

Luego de legalizarse el asalto y la invasión de las concesiones formales de la minería moderna, ¿por qué no sería posible invadir a los fundos modernos de la agricultura que incrementan la recaudación fiscal y generan empleo formal, abarcando apenas el 5% del total de la superficie agrícola? ¿Por qué no sería posible asaltar cualquier propiedad en la ciudad o el campo?

En el Perú no ha fallado el sistema de propiedad en la minería, uno de los mejores del planeta, que paga más impuestos en términos internacionales, financia a los gobiernos regionales y locales y preserva los más altos estándares ambientales. En el país ha fracasado el Estado en la redistribución de la riqueza minera que se recauda de las empresas mineras. Los gobiernos subnacionales no construyen carreteras, postas médicas, escuelas ni sistemas de agua y desagüe.

Si alguien cree que es necesario reformar algunos aspectos del sistema de minería en el Perú está en su pleno derecho. Y el camino es uno solo: presentar una iniciativa legislativa tal como lo establece la Constitución. Lo que no se puede hacer es primero asaltar e invadir la propiedad de otro y luego elaborar la narrativa de la concesión ociosa. Imposible.