Asesores y conflictos mineros

Quienes seguimos con atención los problemas alrededor de la minería sabemos que en los últimos años hay un nuevo tipo de conflictividad originada por asesores y abogados que, junto a malos elementos o algunos dirigentes de las comunidades, generan conflictos, movilizaciones, protestas. Dicho tipo de conflicto se presenta primero como demanda reivindicativa o de oposición a posibles afectaciones e impactos ambientales; no obstante, detrás de ello está el puro objetivo rentista. 

Eso sucede en Fuerabamba, en Cotabambas, en Ayacucho sur, en Moquegua y ahora también en Puno. Se sabe de sobra quiénes son esos asesores y abogados que pululan por las regiones y zonas mineras para desarrollar la nueva estrategia rentista. En varias ocasiones dirigentes y comuneros han denunciado la presencia, por ejemplo de asesores como los Castañeda Quiroz, abogados que desde años atrás “asesoran” a las comunidades en el corredor minero sur y cuya influencia se ha extendido hacia otras regiones, como Ayacucho o Ajoyani, en Puno.

Como señalamos líneas arriba, hay un software operativo: se presentan como asesores ante la comunidad, ofrecen sus servicios, se alían con algunos dirigentes, utilizan medios locales, así como a las organizaciones no gubernamentales, y finalmente tienen acceso a ministerios donde pueden exponer sus “demandas”. Es un modo de operar conocido y que, sin embargo, las autoridades apenas han logrado captar.

Los Castañeda Quiroz, para continuar con el ejemplo, ya no solo actúan en Ayacucho o en Puno, sino también en Pucamarca (en Tacna), donde se han presentado como asesores de dicha comunidad para exigir nuevas demandas que, sin embargo, no están dentro de los acuerdos previos. Con ello han logrado partir la comunidad, generar discordia y poner en veremos la continuidad de operaciones mineras.

Lo mismo sucede en Ajoyani, Puno donde estos señores se han inventado comunidades originarias donde no había, y han logrado asesorar a comunidades que apenas son parte del área de influencia o de operaciones de una empresa minera. Y todo lo anterior con la absoluta complacencia del Estado y de sus instituciones, que reconocen a esos abogados como asesores legítimos de la comunidad, a pesar de que sus exigencias no tienen causa sino el puro chantaje. 

Ahora entonces tenemos un nuevo tipo de conflicto minero en el cual se utiliza cualquier argumento ambiental o social, pero cuyo fin principal es el rentismo y los beneficios directos de la minería. Quienes romantizan la lucha de comunidades contra el “ogro minero” solo abonan a la ganancia de algunos abogados que han construido relatos y narrativas, y que solo quieren llevar agua y dinero a sus bolsillos.