El Estado burocrático y el déficit fiscal

El Estado que se ha construido en las últimas tres décadas, luego de las reformas económicas de los noventa, no tiene nada que ver con el régimen económico de la Constitución de 1993, que le devuelve un inmenso poder a la sociedad y a los ciudadanos con el fin del Estado empresario, con la desregulación de mercados y precios, con el respeto irrestricto a la propiedad privada y los contratos y con la promoción del libre comercio internacional. Y no tiene nada que ver con el modelo económico constitucional porque el Estado burocrático que ha fomentado el progresismo en el Perú es uno abiertamente contrario al espíritu desregulador de la Carta Política, al margen de que no se hayan multiplicado las empresas estatales.

A veces no vemos la adiposidad del Estado burocrático porque si bien las izquierdas han multiplicado sobrerregulaciones, ministerios y oficinas, no han podido quebrar la autonomía constitucional del Banco Central de Reserva. Ni siquiera pudieron hacerlo cuando Pedro Castillo estaba en el poder, todo lo cual revela que el peor enemigo del proyecto colectivista de Perú Libre fue el modelo económico. Por todos estos hechos la inflación está controlada en el país y la solidez del sol peruano largamente garantizada, a pesar del incremento del gasto corriente y el avance del Estado burocrático.

El Estado burocrático incrementa el gasto corriente, crea déficit fiscal, pero no puede erosionar la solidez monetaria del sol porque el BCR se erige como guardián implacable de la economía de mercado. No hay créditos ni emisiones para la burocracia y las clientelas estatales. Se trata de una contradicción insalvable. Si el Estado burocrático sigue avanzando en algún momento derribará la feroz oposición al estatismo que desarrolla el BCR. De allí la obsesión izquierdista por acabar con esta entidad que ha salvado a la economía nacional de la debacle.

El Estado burocrático nació de las narrativas y las fábulas de las izquierdas y del progresismo que demonizaban a la empresa privada y a los empresarios como “la fuente de explotación, la pobreza y los males nacionales”. Cuando estos relatos se volvieron dominantes durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y las siguientes administraciones se multiplicaron las sobrerregulaciones “para controlar y detener la voracidad empresarial”, se crearon oficinas “para redoblar la vigilancia sobre las malas empresas”. Y, de pronto, el gobierno central, las regiones, los municipios y las empresas estatales (Petroperú) llegaron a consumir aproximadamente un tercio del PBI nacional, que hoy suma alrededor de US$ 270,000 millones. 

El progresismo fomentó la multiplicación de ministerios y dependencias sin ninguna función en la sociedad. Por ejemplo, los despachos de la Mujer, de Ambiente y de Cultura consumen alrededor de S/ 3000 millones anuales. Si proyectamos ese gasto en diez años el Estado perdería S/. 30,000 millones con una tendencia creciente, considerando que el gasto corriente ha venido aumentando en aproximadamente 30% en los últimos años. Otro ejemplo que merece destacarse. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, igualmente, consume cerca de S/ 1000 millones al año, no obstante que solo se focaliza en el 25% de las empresas formales. El 75% restante de la economía no tiene nada que ver con el despacho de Trabajo.

Como se aprecia, un Estado enorme, sobrerregulaciones infinitas, ministerios creados solo para consultorías y sinecuras del progresismo consciente, oficinas innecesarias y un empoderamiento de la burocracia, del papeleo y del trámite que evoca a los regímenes soviéticos.

El gran problema es que el Estado burocrático para sobrevivir necesita crear más burocracia y derrotar a las murallas que defienden el régimen económico de la Constitución. Por ejemplo, necesitan acabar con la autonomía del BCR. Igualmente, necesita aumentar impuestos para seguir colectivizando al sector privado y continuar engrosando a la burocracia. Y necesita también que los economistas acepten el statu quo antimercado y se dediquen a defender “la estabilidad fiscal de la burocracia”, tal como empieza a suceder en el Perú.