Demanda de inconstitucionalidad contra nuevo rescate de Petroperú

El Colegio de Abogados de Arequipa acaba de presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto de Urgencia N° 013-2024, publicado el 13 de septiembre del 2024, que pretende implementar un nuevo rescate financiero de Petroperú a través de medidas extraordinarias como la reestructuración de la empresa estatal, la ampliación de líneas de crédito, asunción de pasivos y capitalización de deudas.

El gobierno de Dina Boluarte, contra viento y marea, pretende desarrollar un nuevo rescate de una empresa quebrada, sin ninguna viabilidad financiera ni económica, y que solo perpetuará la sangría de recursos fiscales del erario nacional. Incluso algunos hablan de que el Estado otorgue garantías soberanas a los pasivos de la petrolera estatal, endeudando a nuevas generaciones de peruanos para solventar las clientelas y las irresponsabilidades del gobierno de turno.

El recurso presentado por el Colegio de Abogados de Arequipa sostiene que el mencionado decreto de urgencia “viola flagrantemente la Constitución Política” porque ignora todos los preceptos constitucionales sobre las emergencias económicas establecidos en el artículo 118, inciso 19, de la Carta Política. En el recurso se señala que el DU 013-2024 excede cualquier criterio de urgencia y se usurpan facultades propias del Legislativo y, por lo tanto, se demanda la declaratoria de inconstitucionalidad y nulidad.

Y es que a la luz de estas argumentaciones las cosas son más que evidentes. La crisis de Petroperú se remonta al gobierno de Ollanta Humala, cuando el Estado se embarcó en la modernización de la Refinería de Talara, y ha atravesado a los sucesivos gobiernos hasta la actualidad. Para comprender la magnitud de la quiebra de la petrolera estatal desde el 2016 hasta la fecha los sucesivos rescates financieros de Petroperú –al margen de la deuda por la refinería– suman más de US$ 5,000 millones, una cantidad que no ha evitado la quiebra de la petrolera.

Igualmente, para entender el descontrol de las cosas el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, ha sostenido que la petrolera estatal en vez de haber cerrado el 2024 con pérdidas de más US$ 1,000 millones de dólares ha cerrado con un pasivo de US$ 777 millones. Narváez considera a este resultado un logro, revelando su desconexión de la realidad y de la gravedad de la situación. Planteadas las cosas así, ¿cuál es la emergencia o la dramática situación que enfrenta la petrolera estatal para baipasear al Legislativo y recurrir a un decreto de urgencia?

Es evidente, pues, que el Colegio de Abogados de Arequipa tiene absoluta razón al demandar la inconstitucionalidad del decreto que legaliza los interminables rescates de Petroperú. La entidad de los abogados arequipeños también asevera que el mencionado DU forma parte de un sistema legislativo anticonstitucional que se ha convertido en práctica común de recientes administraciones: desde el 2020 se han emitido tres decretos de urgencia con el objeto de desarrollar irresponsables rescates de una empresa quebrada y que solo incrementa la deuda de las nuevas generaciones de peruanos.

Es incuestionable que ante esta dramática realidad el único camino que tienen los peruanos de buena voluntad es liquidar a la empresa y proceder a su inmediata privatización. En cualquier escenario el Perú sale perdiendo ante la quiebra e inviabilidad de Petroperú porque enfrentará procesos judiciales internacionales si es que no asume parte de la deuda internacional de la petrolera quebrada.

Sin embargo, la liquidación y privatización inmediata de Petroperú es el camino menos costoso. Un nuevo rescate, una nueva ilusión de reestructuración de la empresa venga del Estado o del sector privado, solo prolongará la sangría de recursos fiscales del erario nacional, solo endeudará a las nuevas generaciones de ciudadanos.