Una de las preguntas que suelen hacerse los especialistas en d...
Dirigentes de importantes sindicatos de construcción civil de la provincia de Islay (Arequipa) y de trabajadores de Toquepala (Tacna) y Cuajone (Moquegua) han enviado al presidente de la República, Martín Vizcarra, y al ministro del sector Energía Minas (MEM), Francisco Ísmodes, sendos oficios solicitando el inicio de las operaciones del proyecto cuprífero Tía María (Arequipa).
Los trabajadores organizados alrededor del Sindicato Unificado de Trabajadores de Construcción Civil de la provincia de Islay, por ejemplo, “emplazan al supremo Gobierno” para que otorgue la licencia de construcción del proyecto minero Tía María. Según ellos, no hay tiempo que perder desaprovechando el potencial económico de la importante inversión minera.
Como se sabe, si el Ejecutivo no otorga la licencia de construcción de Tía María, a partir de agosto del presente año el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto —que demandó inversión en dinero, tiempo y esfuerzos sociales entre la población y la compañía— volvería a fojas cero. El sueño de los radicales antimineros se haría realidad: la inversión habría sido bloqueada. Terrible.
Por su lado, los dirigentes del Sindicato Amplio de Trabajadores de Toquepala, del Sindicato Único de Trabajadores de Operaciones de Cuajone y Anexos, de Empleados de la Refinería de Cobre de Ilo y de Obreros de Southern de Ilo, también han enviado oficios a Vizcarra subrayando la gravedad de paralizar la mencionada inversión minera. Asimismo, solicitan al jefe del Ejecutivo una reunión de trabajo para exponerle todos los argumentos favorables al proyecto, no solo para las poblaciones y localidades cercanas a la inversión, sino también para los ingresos del Estado.
Y así como los trabajadores se pronuncian de manera favorable por el proyecto Tía María, desde el año pasado un Comité de Apoyo a Tía María reclama al Ejecutivo la conformación en Arequipa del Comité de Gestión e Información Minero Energético, tal como se realizó en Moquegua para viabilizar el proyecto Quellaveco. Un sector importante de agricultores, que se opone a las dirigencias extremistas, también apoya la propuesta de conformar un Comité de Gestión.
El objetivo del mencionado comité es “acompañar” el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, absolver las dudas relacionadas con la planta desalinizadora que construirá la minera Southern en Tía María. Una planta que procesará agua de mar para las operaciones mineras, que se ejecutarán con el proceso de lixiviación, el más amigable del medio ambiente.
Vale recordar las palabras del premier César Villanueva al inicio de la gestión del presidente Martín Vizcarra: “No es posible que habiendo tanta riqueza debajo de la superficie, exista pobreza encima de ella”. Sin embargo, recientemente el presidente Vizcarra ha sostenido que la licencia de construcción se otorgará en coordinación con las nuevas autoridades regionales. Todos sabemos que Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa, se opone abiertamente a Tía María. El Ejecutivo ha postergado el permiso de construcción para el proyecto de cobre Tía María hasta que existan “las condiciones sociales suficientes”.
El gobernador Cáceres ha sostenido que Tía María carece de la denominada “licencia social”. ¿De qué “licencia social” hablan los antimineros y las autoridades? Veamos. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en una audiencia pública por las autoridades locales y nacionales, los dirigentes de distintas organizaciones sociales y los pobladores. Además tiene opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud. Según encuesta de Ipsos, de octubre pasado, el 59% de los pobladores arequipeños confía en el proyecto. Otra encuesta de Vox Populi señala que solo el 2.5% de los pobladores rechaza el proyecto. ¿De qué hablan entonces los radicales cuándo señalan una falta de licencia social?
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