Paro de transportistas amenaza el modelo económico

A estas alturas es incuestionable que la guerra Ejecutivo-Legislativo (que se desató luego de las elecciones nacionales y que el presidente Vizcarra llevó hasta el paroxismo con el referéndum y la judicialización de toda la oposición) ha terminado erosionando seriamente la autoridad del Estado nacional. No solo se trata de la intención de algunos gobernadores regionales de crear “estados” dentro del estado unitario, sino también de que los dirigentes de transportistas, que convocaron a miles de propietarios de camiones a interrumpir el libre tránsito en las carreteras del país, han logrado imponerse violando la Constitución y las leyes. Con la autoridad nacional debilitada, los dirigentes no serán procesados por alterar el ordenamiento jurídico. Muy por el contrario, el Estado se allana a sus demandas.

El sábado, representantes del Ejecutivo y los dirigentes de los transportistas firmaron un acta mediante la cual Petroperú se compromete a reducir el valor del diesel en S/ 0.59 por galón, en venta de planta. Los congresistas que asistieron a las negociaciones tramitarán la respectiva ley para la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo, y los transportistas se comprometen a levantar el paro y a garantizar “el libre tránsito de todo tipo de vehículos en todas las carreteras a nivel nacional”. ¿Acaso el libre tránsito no es un principio consagrado en la Constitución? ¿Acaso El Ejecutivo, la policía, los fiscales y jueces no tenían la responsabilidad de restablecer el libre tránsito frente a los bloqueos de carreteras que causaban US$ 43 millones en pérdidas diarias en exportaciones? Un mundo absolutamente al revés.

Pero eso no es todo. En el acta firmada también se acuerda suspender por cinco meses el cobro de peajes en Yauca, en el sur, mientras no culminen el 70% de las obras. En el caso de los demás peajes se formarán “comisiones de estudio”. E igualmente se creará una mesa de trabajo para abordar los temas de los terminales portuarios y puertos concesionados. La Constitución hecha trizas.

¿Acaso en el Ejecutivo no se sabe que la Constitución establece que los contratos son inviolables y que no se pueden modificar por ley? Bueno pues, los peajes se basan en concesiones y contratos entre el Estado y los privados. Una de las vigas maestras del actual modelo económico, que nos ha permitido superar la pobreza del 60% de la población a solo 20%, ha sido el fin del Estado que hacía las veces de empresario, de propietario y de gestor. Cuando el Estado lo hacía todo, las carreteras del Perú se asemejaban a vías de un sociedad de posguerra. Sin las concesiones que se basan en aportes privados y del Estado, simplemente hubiese sido imposible la conexión de los mercados que explican el crecimiento y el bienestar alcanzado.

De allí que quienes alimentan la guerra en contra de los peajes, para denunciar la corrupción de Odebrecht y de las empresas brasileñas, deben separar la paja del grano. Deben separar la demagogia y el reclamo mercantilista, de algunos empresarios, de la necesaria reflexión sobre cómo superamos errores y afirmamos las concesiones y las asociaciones público-privadas. De lo contrario, poco a poco se irá imponiendo el sentido común de la necesidad del regreso de la obra pública; es decir, una manera de abogar por el regreso del Estado-empresario.

Si los empresarios transportistas consideran que los peajes son extremadamente caros, deberían considerar la posibilidad de utilizar las carreteras alternativas, que existen en todas las vías concesionadas, e incorporar los tiempos utilizados a sus costos. Seguramente se percatarían de que es imposible conseguir la rentabilidad actual, que se basa en las inversiones privadas en construcción y mantenimiento de carreteras.

En cualquier caso, vale insistir en la necesidad de separar la paja del grano. Sobre todo cuando la administración Vizcarra aparece muy interesada en la obra pública, luego de que el ministro de Transportes, Edmer Trujillo, señalara que las asociaciones público privadas (APP) no posibilitan una buena negociación al Estado; y que los proyectos 3 y 4 de la Línea del Metro se desarrollarán mediante obra pública. Terrible.

En cualquier caso, la huelga de transportistas ha confirmado que la autoridad nacional ha sido pulverizada y que las campañas de la izquierda en contra de las concesiones se alimentan de la corrupción brasileña. Una campaña que nos hace olvidar que sin concesiones en las carreteras no se habría producido la impresionante conexión física (pese a los retrasos) de las últimas dos décadas.